La transferencia de tierras que habilita el proyecto fue aprobada en 2014 como parte de un paquete legislativo de defensa firmado por el expresidente Barack Obama.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes revisar una apelación presentada por el grupo Apache Stronghold, que buscaba frenar el avance del proyecto Resolution Copper en Arizona por considerarlo una violación a los derechos religiosos de la tribu apache de San Carlos. Con esta decisión, se despeja el camino legal para que las mineras Rio Tinto (55%) y BHP (45%) continúen con la iniciativa, en la que ya han invertido más de 2.000 millones de dólares sin haber iniciado la producción.
El proyecto se sitúa sobre uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo, con más de 18 millones de toneladas métricas del mineral clave para la transición energética y la industria tecnológica. Sin embargo, el sitio —conocido como Oak Flat o Chi’chil Biłdagoteel— ha sido utilizado durante siglos por los apaches occidentales como lugar sagrado para rituales religiosos, motivo por el cual comunidades indígenas y organizaciones conservacionistas se oponen firmemente a su desarrollo.
La transferencia de tierras que habilita el proyecto fue aprobada en 2014 como parte de un paquete legislativo de defensa firmado por el expresidente Barack Obama. La ejecución del intercambio fue bloqueada temporalmente durante la administración Biden, pero recientemente reactivada tras el anuncio del Servicio Forestal de que volverá a publicar el informe de impacto ambiental, paso necesario para concretar la cesión de terrenos federales a las compañías mineras.
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La decisión judicial provocó reacciones divididas. El juez Neil Gorsuch expresó su desacuerdo, calificando el fallo como un “grave error” por no considerar seriamente las implicaciones religiosas. En contraste, la alcaldesa de Superior (Arizona), Mila Besich, celebró la medida, señalando que el proyecto representa una “gran oportunidad económica” para la comunidad local y el estado.
A pesar del revés en la Corte Suprema, el proyecto aún enfrenta desafíos legales: dos demandas independientes siguen activas, una presentada por la propia tribu apache y otra por el Centro para la Diversidad Biológica. Ambos casos plantean objeciones relacionadas con los impactos ambientales y las garantías constitucionales sobre la libertad religiosa, lo que mantiene vigente el debate sobre los límites del desarrollo industrial en tierras cultural y espiritualmente significativas.
