La junta de acreedores se estaría reuniendo el próximo 3 de febrero con el objetivo de lograr llegar a un consenso para la aprobación de un convenio.
La Comisión de Procedimientos Concursales del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció que la empresa Consultores A-1 es el nuevo liquidador de Doe Run Perú (DRP) a partir del 26 de enero.
“Se hace de conocimiento que va a iniciarse la transferencia administrativa y física con la intervención de la ex liquidadora”, señaló la firma en un comunicado, según publicación del diario La República.
Así, A-1, representada por Héctor Iriarte Tejada, reemplaza a Alta Sierra Asesores y Consultores, que ejercía esas funciones desde setiembre de 2021.
Puntos pendientes
De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), según La República, A-1 será responsable de la venta de la unidad minera Cobriza.
Dicha tarea, precisó el medio, no se logró por parte de los anteriores liquidadores; incluso, hubo cinco subastas fallidas que no lograron atraer a un inversionista para la compra del Complejo Metalúrgico de La Oroya.
“Además de la realización de los activos que deberemos lograrlo antes del 30 de junio, otra prioridad será dar atención a los requerimientos de 3.500 acreedores laborales respecto a los documentos que requieren para sus trámites de jubilación y pago del fondo compensación minera”, acotó Iriarte.
Normas de liquidación
De acuerdo con el artículo 83 de la Ley N° 27809 (Ley General del Sistema Concursal), el liquidador es quien puede disponer de los bienes muebles e inmuebles, acreencias, derechos, valores y acciones de propiedad de Doe Run Perú.
El liquidador puede ejercer todas las funciones y facultades que, conforme a la Ley General de Sociedades, corresponden a los liquidadores, administradores y gerentes.
El artículo 84 de la misma normativa sostiene que, una vez que el liquidador tome posesión del cargo y de los activos de Doe Run Perú, deberá establecer el cronograma para su liquidación en un plazo no mayor de diez días.
El proceso de oferta de dichos bienes deberá iniciarse en un plazo máximo de 30 días.
La República puntualizó que si bien Consultores A-1 está facultado para ejercer plenamente sus funciones sin la aprobación de un convenio de liquidación, la junta de acreedores de DRP será convocada para el próximo 3 de febrero a fin de intentar llegar a un consenso para la aprobación de un convenio.
Los acreedores relevantes que podrían aprobarlo son la empresa Doe Run Cayman y el Ministerio de Energía y Minas, quienes poseen más del 66,66% del voto calificado.
Cifras para reactivar
Consultores A-1 ha estimado una inversión de US$ 50 millones y de US$ 109 millones para lograr reactivar la mina y el Complejo Metalúrgico La Oroya; respectivamente.
