La directora del Proyecto Prevenir de USAID, sugirió elevar incentivos a operadores que trabajen dentro de ley e intensificar sanciones a quienes actúen fuera de ella.
Tras la presentación del estudio elaborado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) que demostró que la minería no formal en el Perú genera una pérdida de S/ 23 millones 760 mil al año, lo que representa el 2.5% del Producto Bruto Interno (PBI), los especialistas invitados a la Cumbre Minera de PERUMIN 36 analizaron la situación para proponer alternativas de mejora.
En ese sentido, Violeta Bermúdez, directora del proyecto Prevenir de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), reflexionó en la necesidad de que el Perú reformule el proceso de formalización minera apuntando a promover un cambio en la perspectiva y comportamiento de las personas, para lo cual consideró oportuno brindar incentivos que premien a quienes actúan en el marco de la ley y, por otro lado, que se persiga y sancione a quienes no lo hacen.
“En Perú, lo que tenemos que hacer es poner mucho énfasis en cambiar comportamientos y perspectivas respecto de los problemas que enfrentamos. Si solo cambiamos leyes y normas, no vamos a cambiar nada, si en la práctica las personas no cambian su forma de actuar”, señaló en el bloque de conferencias «Panorama y desafíos para afrontar la minería ilegal e informal».
Asimismo, puso énfasis en dos aspectos que contribuirían a la prevención y mitigación de la minería ilegal y no formal. Uno de ellos es el fortalecimiento de la gestión descentralizada, no solo en términos de seguridad ciudadana, sino que los servidores públicos de los gobiernos locales y regionales actúen en base a méritos y con transparencia.
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“Si no hay confianza entre las personas que deberían ser los interlocutores gubernamentales, los líderes comunales y las autoridades, la articulación va a ser frustrada”, indicó.
En segundo lugar, mencionó como punto crítico el que los presupuestos públicos se trabajen de manera fragmentada, donde diversas entidades del Estado se encuentran a cargo de “parcelas de responsabilidades”, lo cual también dificulta una óptima articulación de acciones contra la minería ilegal.
“Es momento de reflexionar sobre la necesidad de tomar medidas para hacer una reestructuración y mirar a todas las entidades competentes que pueden hacer algo para combatir este grave flagelo que afronta el país, pero tiene consecuencias para el país y la humanidad, como es la minería ilegal”, enfatizó Bermúdez.
Red de Mujeres Mineras
Respecto al proyecto que impulsa Prevenir de USAID, Bermúdez mencionó a la Red de Mujeres Mineras que se formó en Madre de Dios, región donde casi un tercio de las operaciones mineras formales son lideradas por mujeres y se estima que existen más de 40,000 mineros no formales.
“Esta red tiene por objetivo promover una minería sostenible, que protege el medio ambiente, respete la ley y que anime a otros peruanos y peruanas que se dediquen a la minería a hacer las cosas correctas”, señaló.
