La nación andina inauguró su primera planta a escala industrial a fines de 2023.
Bolivia está intensificando sus esfuerzos para explotar los mayores depósitos de litio del mundo, preparando acuerdos con nuevos inversores para construir plantas de procesamiento a pesar de los bajos precios y la creciente oposición de legisladores y grupos ciudadanos.
La nación andina inauguró su primera planta a escala industrial a fines de 2023, construida por un grupo chino, y el año pasado firmó acuerdos para nuevas inversiones con el Grupo Uranium One de Rusia y un consorcio chino, que están esperando la aprobación del Congreso.
“Con los dos nuevos contratos, planeamos alcanzar 49.000 toneladas anuales de carbonato de litio en tres años”, dijo en una entrevista Omar Alarcón, presidente de la empresa estatal de litio YLB. “Y planeamos enviar un nuevo contrato al Congreso en el primer trimestre del año”.
Las autoridades están negociando contratos con firmas europeas y australianas, dijo en la entrevista del lunes desde La Paz.
Bolivia y los recursos naturales
La historia de agitación política y social de Bolivia y un enfoque estatal hacia los recursos naturales han sido factores disuasorios para el capital privado, como también lo es la reciente caída de los precios del litio en un mercado saturado.
Por ahora, la contribución de Bolivia al suministro mundial es insignificante. Si bien el país sin salida al mar tiene muchos más recursos que su vecino Chile, aún no se los considera económicamente viables. Los depósitos suspendidos en salmuera bajo el remoto salar de Uyuni tienen altos niveles de magnesio, lo que hace que el litio sea menos puro y más caro de producir, y el puerto más cercano está al menos a 500 kilómetros (311 millas) y un cruce fronterizo de distancia.
El gobierno apuesta por nuevas técnicas de extracción directa para evitar problemas de pureza y acortar el camino hacia la producción. Un contrato de 970 millones de dólares firmado con Uranium One en septiembre prevé la construcción de una planta con una capacidad de 14.000 toneladas al año. Otro contrato, firmado en noviembre con Catl Brunp de China y CMOC, implica un plan de 1.000 millones de dólares para construir dos plantas de litio que producirían 35.000 toneladas al año.
Algunos grupos cívicos, políticos e investigadores dicen que los contratos son acuerdos ventajosos. El legislador opositor Juan José Torrez, de la ciudad de Potosí, en la sierra, denunció falta de transparencia en el proceso de aprobación y dijo que las regalías deberían aumentarse del 3% al 11%. En los últimos días, un grupo de ciudadanos marchó contra los contratos, mientras que organizaciones no gubernamentales han pedido al Congreso que los rechace.
Inversión en litio
Alarcón desestimó esas críticas, calificándolas de motivadas políticamente o desinformadas. Bolivia controlará las ventas de litio y tendrá una participación mayoritaria en las empresas, dijo, y agregó que YLB no comenzará a reembolsar las inversiones hasta que las plantas estén funcionando a pleno rendimiento, lo que garantiza un riesgo financiero mínimo para el estado.
Los casi 2.000 millones de dólares en gastos de capital se reembolsarán en carbonato de litio a las empresas rusas y chinas como compradores preferenciales, durante un promedio de 10 años, dependiendo de los movimientos de los precios internacionales, dijo Alarcón.
Aunque los contratos estiman un precio del litio de 30.000 dólares por tonelada, Alarcón señaló que es necesario un precio de al menos 10.000 dólares —más o menos donde están los precios actuales— para asegurar la viabilidad comercial de las plantas.
Pero el historial de Bolivia en materia de desarrollo de litio está lejos de ser estelar. La primera planta procesadora de YLB operó a solo el 17% de su capacidad el año pasado y se proyecta que funcione al 23% este año, sin un cronograma claro para alcanzar la capacidad plena.
Los nuevos acuerdos son esenciales para que Bolivia finalmente alcance su enorme potencial, afirmó Alarcón. Si son rechazados, la producción a nivel industrial podría demorarse hasta 15 años.
“Eso sería catastrófico para el país”, dijo.
