Señaló que “convertir la informalidad en un derecho familiar es premiar la ilegalidad”.
El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, expresó su enérgico rechazo a la reciente promulgación de ley por parte del Ejecutivo, mediante el cual el gobierno amplía nuevamente el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) e introduce, además, la posibilidad de que este régimen sea transferido por herencia.
En declaraciones exclusivas para la revista Rumbo Minero, el legislador calificó esta decisión como “un premio a la informalidad” y advirtió que se trata de una medida irresponsable que profundiza el círculo vicioso de la minería informal.
“Me sorprendió la publicación de este reglamento, justo cuando desde el Congreso ya habíamos presentado el Proyecto de Ley 11190, que propone prohibir nuevas ampliaciones al REINFO. Es inaceptable que después de trece años sigamos ampliando plazos sin resultados reales”, señaló el parlamentario.
El congresista recordó que desde 2012, año en que se inició el proceso de formalización con el Decreto Legislativo 1105, de los 87 mil mineros informales registrados, apenas un poco más de dos mil lograron formalizarse. “Es evidente que el modelo ha fracasado. Y el Ministerio de Energía y Minas insiste en las mismas medidas sin corregir los errores de fondo”, denunció.
Asimismo, criticó duramente que el decreto reciente permita la herencia del Reinfo, señalando que “convertir la informalidad en un derecho familiar es premiar la ilegalidad, y eso transmite un mensaje de impunidad”.
Ante esta situación, anunció que solicitará formalmente la presencia del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, en el Congreso para que explique los alcances y justificaciones de esta normativa. “Debe rendir cuentas al país. No puede seguir tomando decisiones de espaldas al verdadero problema y sin resultados concretos”, subrayó.
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Implementación SIPMMA
El parlamentario también se refirió a la implementación del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), anunciado por el Ministerio como herramienta para fiscalizar la pequeña minería.
“No basta con lanzar plataformas digitales. Ya vimos que cuando se delegó la formalización a los gobiernos regionales fue un fracaso por falta de logística y personal. Ahora todo pasaría al ministerio, pero los funcionarios quieren formalizar desde sus escritorios, sin pisar campo. Así no se va a lograr nada”, advirtió.
Finalmente, reiteró que la minería informal está ligada a graves delitos como trata de personas, lavado de activos, daño ambiental, evasión tributaria, violencia y corrupción.
“Lo que pasó en Patáz es una muestra del caos que trae la informalidad. No podemos seguir tolerando ampliaciones indefinidas solo por cálculos políticos. Algunos buscan votos; yo mantengo una postura consecuente. Voté en contra el año pasado y hoy mantengo esa posición firme”, concluyó.
