La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) expresó su firme rechazo a la transferencia de competencias en materia de formalización minera al Ministerio de Energía y Minas (Minem), como lo dispone la Ley N.º 32213 y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 009-2025-EM.
A través de un pronunciamiento oficial, los gobiernos regionales advirtieron que estas normas representan un grave retroceso en el proceso de descentralización del país y atentan contra la autonomía regional. En su declaración, la ANGR sostuvo que dicha legislación debilita las capacidades técnicas e institucionales de los gobiernos regionales, afectando directamente sus funciones en el sector minero.
“Rechazamos la recentralización de funciones que recorta competencias regionales y vulnera el artículo 188 de la Constitución, el cual establece la descentralización como política permanente del Estado”, señalaron.
Asimismo, exhortaron a los gobiernos regionales a no continuar con la transferencia de funciones al Minem como medida de rechazo a lo que consideran una norma inconstitucional. También exigieron que los Órganos Públicos Desconcentrados (OPDs) vinculados a la minería sean transferidos a las regiones, en coherencia con los principios de descentralización, subsidiariedad y eficiencia.
La ANGR solicitó además la derogación inmediata de la Ley 32213 y su reglamento, argumentando que se vulnera la autonomía regional al modificar el artículo 59 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. En su lugar, propusieron trabajar una nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) con enfoque territorial.
Finalmente, la Comisión de Energía y Minas de la ANGR anunció que asumirá un rol activo en la articulación técnica y política con el Congreso, el Ejecutivo, gremios y sociedad civil, con el objetivo de impulsar una ley de formalización minera “integral, viable y socialmente legítima”.
