Una preocupante convergencia entre minería informal y política partidaria en la provincia de Pataz, La Libertad, salió a la luz. Según el informe periodístico de Cuarto Poder, al menos 168 mineros con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) tienen afiliación activa a partidos políticos, muchos de los cuales se preparan para competir en las próximas elecciones.
El cruce de datos sobre los 1174 mineros registrados en Pataz permitió identificar que el 26.7% están afiliados a Alianza para el Progreso (APP), seguido por Un Camino Diferente (12.5%), Bicentenario La Libertad (11.3%), Somos Perú (8.9%) y Podemos Perú (7.7%). Estas agrupaciones concentran buena parte del poder político en una zona marcada por la minería informal, la violencia y el tráfico de oro.
Uno de los casos más representativos es el de Octavio Rabanal, exasesor del entonces gobernador regional de APP, Luis Valdez. En paralelo a sus funciones públicas, solicitó y obtuvo una concesión de 500 hectáreas en Tayabamba, trámite que fue aprobado de manera exprés y firmado por un funcionario ligado al actual ministro de Transportes. Hoy, Rabanal figura en el REINFO y su empresa tiene luz verde para operar.
Otro nombre ligado a APP es el de Justo Antenor Villalobos, quien movilizó más de 800 toneladas de mineral, valorizadas en más de 3.8 millones de dólares en oro solo entre enero y agosto de 2024, utilizando sus volquetes registrados.
Además de su peso político, muchos de estos mineros arrastran deudas millonarias con el Estado. En esa línea, se detectó casi 10 millones de soles en deuda coactiva entre personas y empresas de la zona con REINFO activo. Entre los principales deudores figuran:
- AQUAFAUNA PERÚ S.A.C. – S/ 3,832,430
- Villalobos Salirrosas – S/ 2,506,270
- Inversiones Isabel Lubra E.I.R.L. – S/ 1,261,717
“Estos deudores no deberían formar parte del REINFO”, advirtió el abogado ambientalista Helmut Olivera, señalando la contradicción entre las normas vigentes y su aplicación en campo.
El exalcalde de Trujillo Arturo Fernández, ahora líder de Un Camino Diferente, ha cobrado fuerza en Pataz. A pesar de haber sido vacado por difamación y entregado a la justicia en marzo, su agrupación – inscrita en abril – ya es la segunda con más mineros afiliados en esta convulsa región. Su discurso polarizante incluye propuestas como el indulto a exgobernadores presos y el uso de “reservistas” para recuperar el orden en la zona.
Bicentenario La Libertad, Somos Perú y Podemos Perú también tienen presencia minera. En el caso de Somos Perú, su precandidato Juan Carlos La Rosa Toro, exalcalde por tres periodos, mantiene su registro en el REINFO. Mientras que en Podemos Perú, destacan dirigentes de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA PATAZ), como José Torrealva, cuyo transporte habría movilizado cerca de 4 millones de dólares en mineral en 2024.
La relación entre minería informal y poder político en Pataz revela una fórmula conocida: concesiones rápidas, deudas impagas y estructuras partidarias que se entrelazan con actividades irregulares, generando un complejo entramado que compromete tanto la legalidad como la gobernabilidad en una de las zonas auríferas más conflictivas del país.
