Estos datos coinciden con los intentos de ciertos sectores del Congreso por mantener vigente el Reinfo.
Una encuesta de Ipsos, elaborada para el colectivo País Seguro y publicada hoy por Perú21, revela una percepción alarmante entre los ciudadanos: una mayoría contundente cree que la minería ilegal está infiltrando la política nacional y podría financiar las campañas electorales de 2026.
El 76% de los encuestados señala que esta actividad ilícita es responsable del aumento de la criminalidad, y más del 75% considera que mantiene vínculos con redes delictivas organizadas.
Los peruanos tienen claro que los tentáculos de la minería ilegal han penetrado en la esfera pública y política, contaminándola con enormes sumas de dinero sucio, a costa de violencia, sangre y descomposición institucional.
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Los resultados, recogidos hasta diciembre de 2024 —antes incluso de los recientes hechos trágicos en Pataz, La Libertad—, muestran que el 81% de los ciudadanos perciben una alta o moderada influencia de la minería ilegal en la política.
La situación es más grave de lo que parece: el 83% considera que esta actividad constituye un delito que ha corrompido a congresistas y autoridades regionales, y el 82% sostiene que es perjudicial para el país.
Estos datos coinciden con los intentos de ciertos sectores del Congreso por mantener vigente el Reinfo, registro que hoy opera como una licencia para delinquir disfrazada de legalización minera.
Además, el 71% de los peruanos cree que la actual campaña electoral está siendo financiada por dinero proveniente de la minería ilegal. Es decir, candidatos presidenciales y parlamentarios podrían estar moviendo afiches y organizando mítines con fondos ilícitos.
El panorama que se proyecta es preocupante: el 63% considera probable que el país termine políticamente controlado por mafias mineras si no se toman acciones concretas.
Aun así, hay una luz de esperanza: la ciudadanía ya ha identificado el problema. Ahora, el reto está en enfrentarlo.
