El Estado peruano pidió suspender y anular el laudo que ordena una mayor indemnización al consorcio del Gasoducto Sur Peruano, señalando que se ignoró evidencia de conducta delictiva en la adjudicación.
La Comisión Especial que representa al Estado en disputas internacionales de inversión notificó que el pasado 2 de junio el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) registró formalmente la solicitud peruana para anular el laudo arbitral emitido en diciembre de 2024, correspondiente al caso ARB/18/26. Este arbitraje involucra al consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP), un megaproyecto energético con impacto en la matriz energética del país.
Según informó el Ministerio de Economía y Finanzas, el Estado peruano cuestionó que el Tribunal Arbitral haya desestimado una serie de pruebas que apuntaban a posibles actos de corrupción durante la adjudicación del contrato del GSP. Este punto ha sido central en la estrategia legal del país, que también cuestiona el aumento en la indemnización otorgada a las empresas demandantes tras una solicitud de rectificación aceptada por mayoría en mayo.
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El equipo legal, que incluye al estudio internacional Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, evaluó la totalidad del fallo y determinó que existían fundamentos sólidos para impugnarlo. Por ello, el 30 de mayo se presentó formalmente la solicitud de anulación ante el CIADI, así como un pedido para suspender su ejecución. Ambos requerimientos fueron admitidos y comunicados a las partes el 2 de junio.
Este nuevo capítulo legal reabre el debate sobre la gestión y fiscalización de megaproyectos en sectores clave como energía e hidrocarburos. El caso GSP, inicialmente concebido como un eje para el desarrollo energético del sur del país, se ha convertido en un emblema de los desafíos institucionales en la adjudicación de grandes inversiones estratégicas. La resolución del CIADI podría tener implicancias económicas y políticas de alto calibre para el Perú.
