El tribunal determinó que las autoridades nacionales no actuaron con la debida diligencia para proteger la inversión de Lupaka y optaron por una política de diálogo ineficaz.
La firma especializada en disputas internacionales LALIVE anunció que ha obtenido un fallo favorable para su cliente Lupaka Gold en un arbitraje contra la República del Perú, bajo el auspicio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El caso se desarrolló en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú y se centró en la inversión de Lupaka en el proyecto aurífero Invicta, ubicado en la sierra andina peruana.
El tribunal arbitral, compuesto por el presidente Profesor John R. Crook, Oscar M. Garibaldi y el Dr. Gavan Griffith KC, concluyó por unanimidad que Perú violó el tratado al no otorgar trato justo y equitativo ni protección plena y seguridad a la inversión, y al expropiar ilegalmente el proyecto. Según el fallo, las acciones de la comunidad de Parán —incluidos bloqueos, ocupación y la toma de la mina— son atribuibles al Estado peruano.
Asimismo, el tribunal determinó que las autoridades nacionales no actuaron con la debida diligencia para proteger la inversión de Lupaka y optaron por una política de diálogo ineficaz. Como resultado, se otorgó a Lupaka una indemnización de 40,4 millones de dólares más intereses, equivalente al 100 % del monto reclamado, junto con el reembolso total de los gastos legales, que ascienden a 4,2 millones de dólares. La compensación corresponde al valor justo de mercado de la mina en agosto de 2019, momento en que Lupaka perdió el control del proyecto debido a la inacción estatal.
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Equipo legal
El equipo legal de LALIVE fue liderado por los socios Dr. Marc Veit, desde Londres, y Jaime Gallego, desde Ginebra, con el apoyo del abogado Luis Miguel Velarde Saffer y las asociadas Stela Negran y Guillermina Huber (esta última ya no pertenece a la firma). Timothy Foden, del bufete Boies Schiller Flexner, también actuó como co-abogado hasta su retiro del caso antes de que se emitiera el laudo.
“Este resultado refleja años de esfuerzo y reafirma la importancia de la protección jurídica para los inversores en entornos complejos, así como la responsabilidad de los Estados frente a actos ilegales cometidos por sus comunidades”, señaló Veit. La República del Perú fue representada por el Ministerio de Economía y Finanzas junto al estudio Arnold & Porter. La financiación del arbitraje fue provista por Bench Walk Advisors.
