México detuvo un megaproyecto de minería submarina en Baja California Sur tras fallo arbitral que le costó US$ 37 millones.
México enfrenta una disputa internacional tras rechazar el proyecto Don Diego, promovido por la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration. La propuesta buscaba extraer fosfato del fondo marino frente a Baja California Sur, en una zona rica en biodiversidad. La minera obtuvo tres concesiones que cubrían más de 5700 km², pero su plan fue descartado por riesgos al ecosistema y falta de experiencia técnica.
En 2024, un tribunal del CIADI falló a favor de Odyssey, obligando al Estado mexicano a pagar más de US$ 37 millones por considerar que hubo arbitrariedad en la negación de permisos ambientales. A pesar de que la empresa alegó cumplimiento de normas, expertos denunciaron conflictos de interés y presiones indebidas. México apeló el fallo, pero enfrenta pocas posibilidades de revertirlo.
El proyecto contemplaba extraer fosfato para fertilizantes mediante dragado submarino, tecnología que aún no se prueba a gran escala. Científicos alertaron sobre la posible liberación de uranio y otros metales pesados al remover sedimentos marinos. Además, comunidades pesqueras locales denunciaron impactos negativos incluso durante la etapa de prospección.
La nueva Ley de Minería mexicana prohíbe esta actividad en el lecho marino, pero los intentos de impugnarla en la Corte Suprema generan incertidumbre. Mientras tanto, Odyssey busca reactivar su propuesta mediante alianzas locales. Expertos advierten que, sin reglas claras, la minería submarina podría avanzar en ecosistemas aún poco estudiados.
