El Ministerio Público abrió investigación por delitos contra el patrimonio cultural tras la drástica reducción del área protegida de las Líneas de Nasca. Más de 100 sitios arqueológicos habrían quedado expuestos a minería ilegal y tráfico de terrenos.
El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca inició una investigación preliminar por la reducción de más de 2,400 km² del área protegida de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, reconocidas por la Unesco como Patrimonio Mundial. La indagación incluye delitos como atentado contra monumentos arqueológicos, abuso de autoridad y omisión de funciones.
Están bajo investigación Jeanette Gutiérrez Achulla y Johny Isla Cuadrado, funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, así como el alcalde de Nasca, William Bravo Quispe. Según la fiscalía, una resolución viceministerial recortó el área protegida de 5,633.47 km² a 3,235 km², sin cumplir los procedimientos legales establecidos.
La medida habría facilitado intereses vinculados a actividades mineras y tráfico de terrenos en una zona donde existen más de 100 sitios arqueológicos. Por la gravedad del caso, el expediente también fue remitido a la Fiscalía Corporativa de Corrupción de Funcionarios de Ica y se investigan indicios de cohecho activo.
El Ministerio Público, a través de su coordinación nacional en Delitos contra el Patrimonio Cultural, reiteró su compromiso de proteger el legado arqueológico del país y sancionar a quienes vulneren el marco legal vigente.
