Sesión fue interrumpida por legisladores de la oposición y afines al expresidente Evo Morales, quienes cuestionan los contratos por considerarlos desventajosos para el Estado.
El ministro de Energía de Bolivia, Alejandro Gallardo, fue rociado con agua y atacado con basura este jueves durante una caótica sesión en la Cámara de Diputados, en medio del debate sobre polémicos contratos de explotación de litio con empresas chinas y rusas, que podrían representar inversiones de hasta 2.000 millones de dólares. La tensión escaló rápidamente, reflejando el creciente conflicto por el futuro del litio boliviano, uno de los recursos estratégicos más codiciados del país.
La sesión fue interrumpida por legisladores de la oposición y afines al expresidente Evo Morales, quienes cuestionan los contratos por considerarlos desventajosos para el Estado. En medio de gritos, empujones y montones de papeles arrojados a los líderes del Congreso, Gallardo intentó sin éxito defender los acuerdos. “Nos están tratando de estafar”, denunció el diputado opositor Daniel Rojas, quien exige mayores beneficios para Bolivia antes de autorizar la exportación del recurso.
Actos violentos
Videos del incidente mostraron escenas de violencia entre parlamentarios. La legisladora opositora María Salazar forcejeó con otro miembro del Congreso, mientras un diputado utilizó un paraguas para protegerse del caos. La tensión no se limitó al hemiciclo: líderes cívicos de la región de Potosí, rica en minerales y hogar de las principales reservas de litio del país, también se sumaron a la protesta.
“Advertimos al presidente Luis Arce y al presidente de la Cámara Baja que, si insisten en este proceso ilegal e inconstitucional, encontrarán a una población movilizada”, declaró la diputada Lissa Claros. Las críticas apuntan a la falta de transparencia y participación local en la toma de decisiones sobre los contratos con firmas extranjeras.
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Los manifestantes temen que los acuerdos no solo excluyan a las comunidades locales de los beneficios económicos, sino que también causen daños ambientales irreversibles. “Queremos condiciones para que la gente del lugar pueda tener una vida digna”, expresó Alberto Pérez Ramos, presidente del Comité Cívico de Potosí (COMCIPO). “Al gobierno no le interesa eso; sólo le interesa su propio bolsillo”, concluyó.
