El Ministerio de Energía y Minas (Minem), mediante su viceministro de Minas, Ronald Ibarra, dio a conocer a la Comisión de Energía y Minas del Congreso una serie de observaciones críticas al predictamen de la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), alertando sobre posibles contradicciones con el marco constitucional y legal vigente.
Uno de los principales cuestionamientos del Minem es el riesgo de generar vacíos normativos si se derogan o reemplazan sin claridad el Decreto Legislativo N.º 1293 y el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), cuyo plazo vence el 31 de diciembre de 2025. El ministerio instó al Congreso a asegurar una transición normativa que no sea aprovechada por la minería ilegal
Otro punto crítico es el mecanismo propuesto para la servidumbre minera, el cual, según el Minem, podría forzar a los titulares de concesiones a ceder derechos a terceros sin las debidas garantías. Esta figura, advierte, representaría una expropiación indirecta que contravendría el artículo 70 de la Constitución, exponiendo al Estado a potenciales demandas e indemnizaciones.
Respecto a la minería aluvial, el predictamen plantea disposiciones que contravienen el Decreto Legislativo N.° 1100, que prohíbe el uso de dragas en cuerpos de agua. Esta norma, cuya constitucionalidad fue ratificada por el Tribunal Constitucional, busca proteger ecosistemas vulnerables. El Minem remarcó que cualquier revisión sobre esta actividad debe sustentarse en evidencia científica y un debate técnico amplio.
Finalmente, el ministerio rechazó la propuesta de exonerar de responsabilidad penal a los mineros en proceso de formalización, recordando que el Tribunal Constitucional ha prohibido expresamente este tipo de medidas, incluso de forma transitoria. Por ello, considera inviable la Cuarta Disposición Complementaria Final del dictamen.
Estas observaciones serán clave en el debate parlamentario de una ley que busca dar sostenibilidad y legalidad al sector MAPE, pero que también debe evitar abrir puertas a la informalidad y vulnerar derechos fundamentales.