El ministro explicó que existe una notable discrepancia entre la producción registrada por la minería formal y los volúmenes de minerales que el Perú exporta.
La minería ilegal en el Perú representa una problemática económica de gran magnitud. Según informó el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, esta actividad ilícita equivale aproximadamente al 2,7% del Producto Bruto Interno (PBI). Durante una conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, el titular del MEF destacó que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) ha identificado esta cifra como reflejo del impacto económico que genera la minería ilegal en el país.
El ministro explicó que existe una notable discrepancia entre la producción registrada por la minería formal y los volúmenes de minerales que el Perú exporta. Se ha detectado que esta diferencia alcanza las 46 toneladas, lo cual, en términos económicos, se traduce en alrededor de 3.500 millones de dólares. Esta brecha, según indicó, sería atribuible a la actividad minera no registrada ni fiscalizada, que escapa a los controles estatales y distorsiona las cifras oficiales del sector.
Frente a esta situación, el Gobierno viene redoblando esfuerzos para establecer mecanismos que garanticen la trazabilidad de los minerales exportados. “Queremos justamente asegurar que el producto que finalmente se exporta cuente con una trazabilidad completa”, señaló Pérez Reyes. Esta medida busca evitar que minerales extraídos ilegalmente ingresen a los circuitos formales de exportación, lo que contribuiría a desarticular las redes que financian esta actividad ilícita.
En el marco de estas acciones, entre enero y junio del presente año se realizaron más de 70.800 intervenciones relacionadas con el transporte de minerales e insumos químicos. Como resultado de estos operativos, se logró decomisar un millón 274.000 toneladas de insumos químicos y 10.555 toneladas de material mineralizado, evitando así su uso en actividades de extracción ilegal.
Plantas de beneficio
Además, como parte del control en la cadena de valor minera, se fiscalizaron 143 plantas de beneficio, reforzando la supervisión sobre los puntos críticos donde podría consolidarse el mineral de origen ilegal. Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca no solo combatir la minería ilegal, sino también proteger los ingresos fiscales del país y preservar el medio ambiente.
