Carlos Gallardo del IPE sostuvo que el sistema de trazabilidad es insuficiente y que las plantas de beneficio estarían facilitando el ingreso de oro ilegal al circuito formal.
El Instituto Peruano de Economía (IPE) advirtió que el Perú enfrenta una seria falla estructural en su sistema de trazabilidad del oro, centrada en la falta de fiscalización sobre el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (RECPO). Esta debilidad estaría permitiendo que una parte significativa del oro de origen ilegal termine siendo exportada por canales legalmente habilitados.
Según explicó el gerente general del IPE, Carlos Gallardo, para la revista Rumbo Minero, el país exportó más de 200 toneladas de oro en 2024, pero apenas se reportaron como extraídas unas 107 toneladas. Esta diferencia de más de 90 toneladas —equivalente a más de US$ 12.000 millones al valor actual del metal— revela una profunda brecha en los mecanismos de control, principalmente en las plantas de beneficio y comercializadoras registradas en el RECPO.
Gallardo indicó que este oro, que no cuenta con respaldo de producción formal, logra incorporarse al circuito legal a través de operadores que cuentan con licencias válidas pero que no son sometidos a una fiscalización efectiva. “Ese oro termina saliendo por aduanas como si fuera legal”, señaló, subrayando la urgencia de revisar el rol que juega el RECPO dentro de la cadena de valor del oro en el país.
El rol crítico de las plantas de beneficio y comercializadoras
El IPE destaca que existen más de 12.000 empresas inscritas en el RECPO, las cuales no enfrentan procesos rigurosos de verificación del origen del mineral que reciben. En la mayoría de casos, basta con que el proveedor presente un documento activo del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) para que se valide la operación, sin que se constate si el oro proviene de una zona permitida o si quien lo entrega cuenta con derechos vigentes. Esta práctica facilita que el oro extraído ilegalmente se mezcle con oro artesanal o incluso legal, en un proceso que Gallardo denominó como “blanqueo técnico”. Según indicó, el actual diseño institucional permite que el papel reemplace a la verificación real. “El papel aguanta todo: llega un proveedor con su REINFO y eso basta. No hay trazabilidad hacia atrás”, advirtió.
Proyecciones preocupantes para 2025
Las estimaciones del IPE muestran una tendencia creciente en la participación del oro ilegal dentro de las exportaciones totales del país. En 2023, se calculó que el 44% del oro exportado era de origen ilegal; en 2024, la cifra subió a 48%; y para 2025, se proyecta que al menos el 50% del oro exportado provendrá de fuentes irregulares. Estas cifras no incluyen el oro que sale del país por contrabando, especialmente hacia Bolivia, donde el mineral extraído en Perú es incorporado a cooperativas locales y comercializado como si fuese producción nacional, lo que amplía la dimensión del problema.
Medidas urgentes: trazabilidad y control integral
Frente a esta situación, el IPE propone una serie de medidas para fortalecer el control y trazabilidad en toda la cadena aurífera. Estas incluyen la realización de una auditoría estructural tanto al REINFO como al RECPO; la implementación de verificaciones cruzadas entre la producción declarada, el procesamiento y la exportación; la creación de un sistema digital de trazabilidad que abarque desde la mina hasta la aduana; la fiscalización in situ de las plantas de beneficio; y la reactivación de los puestos de control físico en zonas de alta actividad minera como Madre de Dios y Puno.
Gallardo concluyó que el desafío no se limita a frenar la minería ilegal en su origen, sino a corregir las fallas en la cadena intermedia que permiten que ese oro llegue al mercado internacional sin restricciones. “Si no se interviene el RECPO con mecanismos de fiscalización robusta, el oro ilegal podría desplazar al formal como principal fuente de exportación aurífera del país”, alertó.
