MINERÍA. Gobierno retoma propuesta de incorporar a comunidades como socias de nuevos proyectos mineros, luego de que en agosto pasado diera a conocer su interés por esta iniciativa. Inclusive, convocó a una reunión a los CEO de las principales firmas del sector.
Sin embargo, la idea no prosperó, y si bien se llevó a cabo la reunión, el planteamiento quedó encarpetado.
No obstante, – según informa el diario Gestión – hay voces en el Poder Ejecutivo que han resucitado la propuesta y se encontrarían elaborando un proyecto de ley para establecer una participación accionaria en el caso de los nuevos proyectos.
Mencionaron que los encargados estarían evaluando que el porcentaje de participación sea de entre 15% y 20%, que se contempla distribuirlo de la siguiente manera: un 5% para las comunidades campesinas ubicadas en la zona de influencia, otro 5% se transferiría a un fideicomiso, que sería manejado por el gobierno regional donde se ubique el proyecto para el desarrollo de infraestructura.
El resto de la participación, entre 5% y 10%, se estudia ofrecerlo bajo el esquema de accionariado difundido, a la población en general de la región donde se realice la inversión del nuevo proyecto.
Cuando se presentó la primera vez, la titular del MEM, Rosa María Ortiz, señaló que antes de plantear una norma de esa naturaleza se buscaría generar un consenso.
Según las fuentes consultadas por Gestión, ya hay avances en el proyecto de ley, pero aún no habría sido debatido en el Consejo de Ministros. La intención de algunos miembros del Ejecutivo es enviar luego la iniciativa al Congreso.
José Miguel Morales, miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), señaló a Gestión que, en efecto, tiene información extraoficial de que el Gobierno prepara tal iniciativa legal, aunque dijo desconocer el texto cabal de la propuesta.
En tal sentido, invocó al Gobierno a que dé a conocer el proyecto de ley que se evalúa y “no se hagan las cosas bajo la mesa”, pues de lo que se trata es de que la minería beneficie a todos.
Gestión también consultó al Ministerio de Energía y Minas sobre el tema, pero al cierre de esta edición no hubo todavía respuesta alguna.
Para Morales, si el proyecto prospera sería inconstitucional, pues en su opinión nadie puede obligar a vender una parte de su propiedad. “Sería una muy mala señal para las inversiones del sector”, que ya vienen decayendo.
PARA RECORDAR
Adelanto. La vez anterior que se evaluó la propuesta, el Gobierno transmitió la iniciativa a uno de los CEO de las principales mineras del mundo, con operaciones en Perú.
Oposición. El planteamiento mereció duras críticas de los principales empresarios del sector cuando se presentó por primera vez.
