HIDROCARBUROS. Comunidades indígenas demandan mayor celeridad en la limpieza por derrame de crudo. Luciana Dekentai, presidenta de la Organización Central de Comunidades del Alto Marañón (OCAN), forma parte del grupo de avanzada que llegó a Lima ayer para denunciar la grave situación en la que se encuentran las comunidades indígenas del distrito de Imaza, provincia de Bagua, región Amazonas, a raíz del derrame de más de dos mil barriles de petróleo crudo que producido en la quebrada de Inayo el pasado 26 de enero.
Aunque se afirma que la rotura del Oleoducto Norperuano fue reparado inmediatamente por la empresa operadora Petroperú, la recuperación del crudo y la limpieza de la zona no tiene la celeridad que el caso amerita.
«Todo el suelo está cubierto de petróleo, la quebrada de Inayo, los cultivos de yuca, de plátano, de cacao. La lluvia ha arrastrado el derrame y ya llegó al río Chiriaco y también al Marañón. No sabemos dónde bañarnos, no podemos pescar», cuenta con pesar la dirigente awajún. Y agrega que una oscura capa oleaginosa cubre hoy ambos afluentes.
Luciana Dekentai anota que una parte del petróleo recuperado se encuentra en pozas solo cubiertas con plásticos y que los comuneros viven atemorizados de que otra lluvia torrencial, como la del 10 de febrero, la expanda nuevamente y arruine definitivamente las actividades de pesca, caza y agricultura.
Dekentai espera hoy el arribo del alcalde de Imaza, Otoniel Danducho, quien trae la demanda de la población para que se declare en emergencia la provincia de Bagua y que las autoridades determinen acciones inmediatas.
El municipio de Imaza está reuniendo información con el propósito de denunciar formalmente a los responsables de lo que ya se considera una catástrofe ambiental.
Alfredo López, de la Dirección de Saneamiento y Gestión Ambiental de la municipalidad de Imaza, precisó que de no remediar con prontitud el área impactada, los pobladores serían afectados por los gases tóxicos y los componentes del petróleo.
Es horrible
El presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (Orpian-P), Edwin Montenegro, relató que el derrame esparcido por las lluvias del 10 de febrero ha empeorado la situación de los habitantes de Chiriaco, Saramiriza y Condorcanqui, además de Umukai, Puerto Pakui, La Curva, Inayo, Pakun, Nazareth y Wachapea.
«Hemos ido al lugar y todo es horrible, cómo ha podido suceder esto. En Puerto Pakui la gente está alarmada, no saben dónde bañarse, dónde tomar agua. En Nazareth, el petróleo ha arrasado las chacras; ahora esos cultivos ya no sirven y esas tierras no servirán por años. ¿Quién va responder por todo esto?», lamentó el dirigente de Orpian.
Edwin Montenegro estuvo en Lima hace una semana trayendo dos cartas, una para el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y otra para la Defensoría del Pueblo.
La petición al ente fiscalizador se centró en que se declare responsable a Petroperú por incumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) al no realizar el mantenimiento del tramo II del Oleoducto Norperuano ubicado cerca de Chiriaco, distrito de Imaza.
Solicitó que se investigue y se sancione el incumplimiento del Plan de Contingencia al no haberse detectado ni controlado a tiempo la fuga del hidrocarburo.
Asimismo solicitaron información oportuna a favor de las comunidades respecto a los resultados de las investigaciones y estudios que realicen las entidades competentes; esta debe ser entregada en la lengua de los comuneros y con ejemplos que ilustren el contenido de la información.
En tanto, demandaron a la Defensoría que pida a las autoridades determinar responsabilidades y emitir sanciones, pedido que se extendió a OEFA, Osinergmin, al Gobierno Regional de Amazonas, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y a la Dirección General de Epidemiología.
El defensor del Pueblo, Eduardo Vega, se pronunció a favor de que Petroperú atienda e indemnice a la población indígena afectada tanto en Amazonas como en Loreto. Agregó que la empresa estatal debe mejorar sus obligaciones técnicas, ambientales y sociales en cuanto al transporte de hidrocarburo, observando la antigüedad de más de cuarenta años que tiene el ducto, informó La República.
