MINERÍA. El Perú cuenta con una cartera de proyectos de inversión en minería trabados por aproximadamente US$ 60 mil millones, que podrían salir de manera inmediata si se logra generar un entorno facilitador de la inversión privada y resolver dos grandes problemas: la conflictividad, por un lado, y la asfixiante “tramitocracia”, señaló Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), durante la presentación de los resultados del “Observatorio Regional de Impacto Social Minero – Arequipa”, organizado por la Asociación de Contribuyentes del Perú, y auspiciado por la Fundación Friedrich Naumann.
Manifestó que el Estado ha sido incapaz de gestionar coherentemente los recursos del canon y sobrecanon de las industrias minería e hidrocarburos. “El correlato de ese fracaso colectivo es esta ola de conflictividad que hoy se convierte en el principal elemento disuasivo de la inversión privada en minería y en el sector hidrocarburos”, expresó.
Explicó que a lo largo de la última década, se han transferido a los gobiernos subnacionales aproximadamente S/ 64 mil millones en regalias como producto del canon y sobrecanon minero e hidrocarburífero. Sin embargo, apenas se ha ejecutado el 65% de los presupuestos financiados por este importante traspase de recursos.
En el caso de Arequipa, De la Flor indicó que las cifras son incluso menores respecto a la ejecución de presupuestos, ya que en la última década habría llegado a tan solo el 55% de su ejecución.
Durante su presentación, Pablo de la Flor señaló que en el caso de Arequipa llama poderosamente la atención que no se haya tenido una mayor concentración de ejecución de obras en dos rubros que resultan vitales, como son la Educación y Salud. “Tenemos que revisar críticamente este mecanismo porque la evidencia nos indica de que no está funcionando, no está cumpliendo los propósitos para los cuales fue diseñado el mecanismo”, indicó.
Asimismo, resaltó que el mecanismo fue diseñado, precisamente, con el objeto de generar bienestar. “A través de la inversión pública ves el cierre de brechas en las regiones productoras; y eso no está ocurriendo”, señaló.
Si bien ha habido un avance importante en materia de provisión de servicios públicos, para De la Flor, ese avance resulta insuficiente. “Las comunidades que están en las inmediaciones de las operaciones mineras ven que estos recursos están disponibles y, sin embargo, no se sienten partícipes de ese bienestar”, expresó.
Esta percepción generaría una situación de conflicto según el director de la SNMPE. “La comunidad le exige a la empresa lo que debería estar exigiéndole al Estado; y el Estado, producto de esta precariedad institucional que venimos arrastrando, es incapaz de invertir estos recursos para el cierre de las brechas. Creo que ahí tenemos una tarea pendiente muy importante”, agregó.
Por otro lado, señaló que la SNMPE ha trabajado una propuesta integral de reforma del canon. “Creemos que es importante romper esta tónica de la banalización del gasto y la fragmentación en función de nuevas reglas que nos permitan apalancar esos recursos para la ejecución de iniciativas de mayor envergadura, de alto impacto”, resaltó.
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