Defendió a los mineros artesanales, a quienes calificó como emprendedores que han logrado mejorar la calidad de vida de sus familias mediante su trabajo.
El alcalde de Pataz, Aldo Mariño, manifestó su firme rechazo a la minería ilegal y reafirmó su compromiso con la erradicación de esta actividad en la región. En una entrevista con Canal N, subrayó que el primer paso para lograrlo es empoderar al minero artesanal a través de un proceso de formalización efectivo. Criticó la falta de respuesta del gobierno frente a las protestas de estos trabajadores, quienes llevan más de 15 días exigiendo una mesa de diálogo.
Mariño señaló que el principal obstáculo para la formalización es la obligación de contar con un contrato del titular de la concesión minera. Esta exigencia resulta inviable, dado que más del 80 % del territorio en Pataz ya ha sido concesionado sin consulta previa a las comunidades, lo que genera un vacío legal que impide avanzar hacia la regularización de los pequeños mineros.
El alcalde defendió a los mineros artesanales, a quienes calificó como emprendedores que han logrado mejorar la calidad de vida de sus familias mediante su trabajo. Al mismo tiempo, cuestionó a las grandes empresas mineras por no ofrecer empleo a la población local, y destacó la necesidad de crear alternativas viables para integrar a los mineros informales dentro de un marco legal.
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Ausencia del Estado
Respecto a los recientes actos de violencia vinculados a la minería, como la masacre de 13 personas en un socavón de Minera La Poderosa, Mariño exigió una investigación rigurosa e imparcial. Insistió en que se debe indagar no solo a los autores materiales, sino también a los actores políticos y empresariales que podrían estar involucrados, ya que la falta de acción del Estado ha permitido que la minería ilegal se consolide.
Finalmente, informó que los ronderos de Pataz han convocado un paro indefinido en protesta por la situación que vive la provincia. La medida busca presionar al gobierno para que atienda las demandas de formalización y seguridad en una región afectada tanto por la informalidad como por la violencia asociada a la actividad minera.
