Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en la provincia de Pataz (La Libertad) con el objetivo de enfrentar a las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal y restablecer el orden en una de las zonas auríferas más conflictivas del país.
La medida, establecida mediante el Decreto Supremo N.° 101-2025-PCM, dispone que las Fuerzas Armadas continúen asumiendo el control del orden interno, con el apoyo operacional de la Policía Nacional del Perú (PNP). El decreto fue publicado el 31 de julio en el diario oficial El Peruano.
Zona estratégica para la producción de oro
Pataz es una de las provincias de mayor producción aurífera en el país, pero también uno de los principales focos de minería ilegal y violencia asociada a redes criminales. La expansión de estas actividades no solo ha impactado la seguridad de las comunidades, sino que ha generado graves pérdidas fiscales y riesgos para la inversión minera formal en la región.
Medidas de control y restricciones
El decreto establece inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., con excepciones para servicios esenciales como salud, agua, electricidad, telecomunicaciones y adquisición de medicamentos. Las Fuerzas Armadas actúan bajo el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Comando Conjunto asume el Comando Unificado en coordinación con la PNP.
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Coordinación multisectorial
El Ministerio de Defensa será responsable de articular acciones junto a diversas instituciones, incluyendo el Ministerio de Energía y Minas, SUNAT, SUCAMEC y gobiernos regionales y locales, con el objetivo de reforzar la lucha contra la minería ilegal y asegurar el control de las rutas de insumos y oro extraído.
Impacto en la seguridad e inversión
El sector empresarial ha advertido que la persistencia de la minería ilegal en La Libertad pone en riesgo millonarias inversiones mineras formales y erosiona la recaudación fiscal. Se espera que la extensión del estado de emergencia contribuya a reducir el accionar de las organizaciones criminales y genere condiciones para la formalización de operaciones legales en la zona.
Al término del régimen, los ministerios de Defensa e Interior deberán presentar un informe detallado con los resultados de las acciones ejecutadas en la provincia.
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