El Ejecutivo extendió la intervención militar en Pataz hasta agosto, como parte de los compromisos asumidos en la Mesa de Diálogo y frente a la minería ilegal.
Este 4 de junio de 2025, el Ejecutivo aprobó un nuevo decreto supremo que prorroga por 60 días adicionales el estado de emergencia en la provincia de Pataz, región La Libertad, medida que se hará efectiva desde el 8 de junio. Así lo anunció el ministro de Defensa, Walter Astudillo, en conferencia de prensa.
Además, mencionó que se reanudarán las actividades mineras formales y artesanales registradas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El reinicio de operaciones estará permitido entre las 5:00 de la mañana y las 10:00 de la noche, en concordancia con las medidas establecidas bajo el estado de emergencia. Esta reactivación se produce luego de una fase de intervención territorial, liderada por el Ejecutivo, orientada a restituir el control estatal y frenar el crecimiento de la minería ilegal.
La norma también autoriza que las Fuerzas Armadas continúen a cargo del control del orden interno, en apoyo a la Policía Nacional, en una zona marcada por la presencia de minería ilegal, violencia y disputas territoriales vinculadas a actividades extractivas no formalizadas.
La medida responde a los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo por el Desarrollo Integral de la Provincia de Pataz, espacio multisectorial en el que participan representantes del Ejecutivo, autoridades locales y actores de la sociedad civil. Uno de los compromisos más relevantes de este espacio fue justamente garantizar condiciones de seguridad para que las operaciones mineras.
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El ministro también comunicó que el Comando Unificado de Pataz realizó, hasta la fecha, 307 patrullajes en acciones de control territorial, intervención e interdicción, 20 capturas a presuntos criminales, 1 carabina, 7 pistolas y 7 fusiles de largo alcance.
Además, anunció que este grupo de trabajo también incautó más de 10,000 municiones de diferente calibre. «Se han interditado 54 bocaminas y 6 socavones, 23 campamentos, 61 pozas, 13 plantas de beneficio, 16 vehículos mineros y 14 motos cargueros, entre otros artículos», finalizó.
Pataz es actualmente una de las provincias con mayor concentración de actividad minera informal en el país. Diversas organizaciones criminales operan en la zona disputando el control de socavones ilegales y rutas de comercialización de oro.
Con esta nueva prórroga, el Ejecutivo busca consolidar la presencia del Estado en la zona, frenar la expansión de la minería ilegal y dar cumplimiento a los compromisos asumidos en las mesas técnicas, especialmente los relacionados con infraestructura, seguridad y formalización minera.
