El caso demuestra que la minería ilegal no podría sostenerse sin una estructura societaria paralela diseñada para comercializar el oro ilícito en mercados nacionales e internacionales.
Durante la conferencia de fiscales especializados contra la criminalidad organizada (FECOR), el fiscal Álvaro Bernardo Rodas Farro expuso los avances en el caso emblemático “Kilates”, una organización criminal dedicada al lavado de activos a través de la exportación fraudulenta de oro ilegal.
“Este caso adquiere especial relevancia porque evidencia cómo la minería ilegal en Puno logra colocar materia prima extraída ilícitamente en los mercados internacionales, utilizando empresas formalmente constituidas como fachadas. La investigación reveló que la organización llegó a exportar 219 kilos de oro, valorizados en alrededor de 13 millones de dólares”, detalló el fiscal.
Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de investigación preparatoria formalizada por el delito de lavado de activos agravado, proveniente de la minería ilegal y cometido en el marco de una organización criminal, mediante actos de conversión, transferencia y ocultamiento de bienes, efectos y ganancias ilícitas.
Rodas Farro advirtió además que la minería ilegal se ha consolidado como el eje más lucrativo de las economías criminales en el país. “Hoy es la actividad ilícita que inyecta la mayor cantidad de dinero en las economías ilegales, con graves impactos sociales, ambientales y de gobernanza”, señaló.
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¿Qué es el Operativo Kilates?
En abril, un megaoperativo permitió desarticular parte de la red criminal. Las autoridades incautaron cuatro lingotes de oro valorizados en 2,5 millones de dólares, además de vehículos, joyas, explosivos, insumos químicos y equipos electrónicos. La acción conjunta de la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Ministerio de Agricultura permitió la detención de seis personas y la intervención de 27 inmuebles en distintas localidades.
De acuerdo con las pesquisas, entre 2023 y 2024 la organización habría realizado hasta 25 exportaciones ilegales de oro al extranjero, por un total de 219,30 kilos de material aurífero, con un valor de 13’278,516 dólares.
La investigación imputa responsabilidad a seis integrantes de la organización. “El caso demuestra que la minería ilegal no podría sostenerse sin una estructura societaria paralela diseñada para comercializar el oro ilícito en mercados nacionales e internacionales. En última instancia, lo que queda en evidencia es la debilidad del Estado en la fiscalización y control del sector minero, lo que facilita que el oro ilegal se inserte en los circuitos económicos legales bajo el disfraz de operaciones legítimas”, concluyó el fiscal.
