La lucha contra la minería ilegal en el Perú ha cobrado fuerza en 2025. Entre el 1 de enero y el 31 de mayo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ejecutaron un total de 422 operativos de interdicción en distintas regiones del país. Así lo informó el Ejecutivo, que ha reiterado su intención de erradicar este delito de manera integral, articulando acciones punitivas, de control logístico y de impulso a la formalización minera.
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, remarcó que la minería ilegal, vinculada al crimen organizado, representa una amenaza directa para la seguridad ciudadana, la economía formal y el medio ambiente. Por ello, destacó que el Gobierno ha desplegado medidas con enfoque multisectorial, especialmente en zonas críticas como la provincia de Pataz, en La Libertad. En esta jurisdicción opera el Comando Unificado, integrado por policías y militares, que actúa con inteligencia operativa.
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A esta ofensiva se suma la exclusión reciente de 1.425 inscripciones suspendidas del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), con el objetivo de cerrar el paso a operadores ilegales que utilizaban el registro para simular legalidad. “Esta depuración permitirá distinguir entre minería informal y minería ilegal, cortando rutas de traslado de material aurífero no autorizado”, señaló Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate a la minería ilegal.
García Esquerre también presentó los avances de la nueva estrategia nacional, que prioriza la coordinación entre sectores del Estado para mejorar la recuperación ambiental, ofrecer alternativas económicas sostenibles y acelerar procesos de licenciamiento. En el caso específico de Pataz, el despliegue territorial abarca puntos críticos como Calquiche, Shicun y Pamparacra, donde se interviene con apoyo de la Sunat, Sucamec y el Ministerio Público para frenar el tráfico de insumos, explosivos, maquinaria y oro ilegal.
