Una encuesta de Datum confirma que la minería ilegal no solo es percibida como un problema ambiental y de seguridad, sino como un riesgo directo para la gran minería formal y la competitividad del Perú como productor global.
El estudio de Datum Internacional revela que 85% de los peruanos considera ineficaz la respuesta del Estado frente a la minería ilegal, mientras que apenas un 10% la aprueba. Asimismo, 73% califica al gobierno de Dina Boluarte como “blando” frente a esta amenaza.
La magnitud del problema es evidente: 81% de los encuestados lo considera grave o muy grave para el país, lo que refleja la alta sensibilidad social respecto al impacto de esta actividad.
Impactos que preocupan a la ciudadanía
Según la encuesta, la minería ilegal está estrechamente vinculada a diversos problemas sociales, ambientales y políticos. El 44% de los consultados la asocia con el crimen organizado y la violencia, reflejando su relación directa con mafias y conflictos en territorios afectados. Por otro lado, un 41% la vincula con la contaminación ambiental, debido al uso indiscriminado de insumos tóxicos y la degradación de ecosistemas.
Finalmente, un 24% considera que está relacionada con la corrupción política, lo que evidencia cómo esta actividad ilegal se infiltra en instituciones y autoridades para garantizar impunidad y continuidad de operaciones.
Estos factores no solo afectan a las comunidades y al medioambiente, sino que también socavan la imagen internacional del Perú como destino de inversión minera.
¿La minería ilegal financia la política?
La percepción de la ciudadanía va más allá de lo ambiental. Un 56% cree que la minería ilegal controla al Congreso y 83% advierte que financiará campañas electorales en 2026. Este vínculo entre economías ilícitas y política es visto como una amenaza directa a la gobernabilidad y a la estabilidad de las reglas de juego para la minería formal.
Voces del sector: riesgos para la minería formal
El consultor minero Iván Arenas destacó que “el país está tomado de un extremo a otro por la minería ilegal” y que, en algunos casos, “el Estado colabora indirectamente con la criminalidad”. Por su parte, el abogado ambientalista César Ipenza subrayó la falta de prioridad estatal, recordando casos como Yuyapichis (Puerto Inca), donde maquinaria pesada destruye ríos sin control, situación que se repite en Madre de Dios y Amazonas.
Más allá de la denuncia social, ambos expertos coinciden en que la minería ilegal erosiona el terreno de la minería formal, al generar inseguridad, bloquear proyectos e incrementar la conflictividad.
Minería formal y competitividad en juego
La encuesta de Datum deja en evidencia un punto clave: la minería ilegal no solo es un problema social, es también un obstáculo directo para el desarrollo de la minería formal. Al alimentar el crimen organizado y penetrar espacios políticos, pone en riesgo la atracción de inversiones, la continuidad de proyectos y la posición del Perú como segundo productor mundial de cobre.
