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Minería ilegal en Apolo crece a la vista del Estado pese a fallo judicial

Según autoridades, la minera aurífera Korihatum debe suspender su actividad en Chontalaca Yuyo por operar sin licencia ambiental.

Las autoridades de Bolivia tienen conocimiento que Korihatum SRL opera de manera ilegal, sin licencia ambiental ni contrato minero para explotar oro en el área protegida Chontalaka Yuyo en Apolo.

Además, su actividad daña el medio ambiente con el uso de mercurio, e incluso ha causado violencia en la última semana.

Según el portal El Deber de Bolivia, la comunidad Correo denunció la pasividad con la que actúa el Estado.

Esto pese a que ganaron, en parte, una acción popular interpuesta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que obliga a la empresa minera a paralizar su trabajo.

Así como se tiene una orden de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para que retire su maquinaria de forma inmediata.

Fallo de AJAM

En cumplimiento a parte del fallo constitucional, el 24 de agosto, un abogado y un técnico de la AJAM realizaron una inspección técnica en Chontalaka Yuyo.

El informe emitido cinco días después se presentó pruebas que incluyen amedrentamientos a los funcionarios de las personas que desarrollan minería ilegal en Apolo.

Así, se demostró actividad minera de manera flagrante sobre la llanura aluvial, dentro del área denominada Chontalaka Yuyo.

En esa área, los operadores de la maquinaria pesada abandonaron las retroexcavadoras.

También se pudo observar dragas convencionales para la separación del oro aluvial.

Los funcionarios alertaron de un campamento equipado y habitado por hombres y mujeres. Al menos se encontraron 20 carpas con la capacidad de cuatro personas cada una.

En tanto, la AJAM se comprometió, según el medio, a interponer una denuncia penal contra quienes resulten los autores.



Sin embargo, se desconoce si está abierto algún caso ya que los interesados tampoco fueron notificados.

Sobre el campamento encontrado en Chontalaka-Yuyo, la empresa Korihatum envió un memorial de fecha 31 de agosto al TCP negando que estuviera realizando algún trabajo de explotación minera.

Pero, en audiencia del 4 de agosto, la minera admitió que existe un “campamento” pese a que no tiene autorización para operar.

Actos violentos

En esta zona, que es parte del pueblo indígena Leco, hay registro de dos hechos de violencia ocurridos este año.

El 31 de mayo hubo un enfrentamiento que dejó ocho heridos por uso de arma de fuego.

Mientras, el 1 de noviembre, la empresa minera habría “dinamitado” las casas de los indígenas lecos que protestan contra la aurífera.

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