Se espera que la nueva política minera sea presentada ante el parlamento dentro de los próximos seis meses.
La ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, dijo que la nueva política minera del país considerará reorganizar las áreas de desarrollo del país en torno a la conservación de los recursos hídricos.
Durante la Cumbre Nacional de Minería, que reunió este fin de semana en Bogotá a más de 1.500 personas vinculadas al sector minero, la ministra señaló que los elementos de la nueva política se están desarrollando a partir de una serie de cabildos que el Congreso, junto con su despacho y otros relevantes carteras de gabinete, realizadas con el sector privado, mineros artesanales y comunidades del área de influencia de las operaciones mineras.
Vélez también dijo que el ministerio apunta a desarrollar un plan de conocimiento geocientífico que guiará el proceso de toma de decisiones relacionado con las industrias extractivas.
Se espera que la nueva política minera sea presentada ante el parlamento dentro de los próximos seis meses.
Código de minería explotado
En la misma reunión , la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, criticó el actual código minero de Colombia, creado en 2001 durante el gobierno conservador de Andrés Pastrana.
Según Muhamad, el código existente carece de protección ambiental y favorece los intereses de las empresas internacionales sobre las necesidades de las comunidades locales y el usufructo general de los recursos minerales de Colombia.
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“Promueve la devastación de nuestra tierra y el desconocimiento de los mineros ancestrales y tradicionales que, durante décadas, trabajaron como parte de un contexto social integral”, dijo. “El código minero condenó a la minería tradicional como ilegal y al hacerlo terminó en manos de capitales ilícitos y grupos armados, desarrollándose en zonas de violencia y destrucción”.
Muhamad enfatizó la necesidad urgente de redefinir dónde es posible desarrollar operaciones mineras y dónde deben prohibirse tales actividades.
“Es hora de revertir esta situación, y también es hora de que se haga justicia con los títulos legalmente otorgados en áreas donde no debieron haber sido otorgados porque vulneraron el acceso a agua limpia de las comunidades y provocaron el desplazamiento de estas poblaciones. ,» ella dijo.
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