El Colegio Nacional de Abogados (CNA), instó al Gobierno y a Minera Panamá a alcanzar un acuerdo en el que los intereses nacionales estén protegidos.
Hoy vence el plazo dado por el Gobierno para que las empresas First Quantum y Minera Panamá firmen el acuerdo alcanzado en enero pasado para la suscripción de un nuevo contrato y así poder continuar de manera legal con la explotación de la mina de Cobre Panamá.
El ultimátum se dio el pasado 15 de noviembre, sin embargo, a escasas horas de que termine este fecha tope, aún representantes de ambas partes negocian para llegar a un acuerdo final.
Hasta el pasado lunes, según informó Minera Panamá, continuaban trabajando con el Ministerio de Comercio e Industrias “para llegar a un acuerdo justo y equitativo” para asegurar la continua operación de la mina ubicada en Donoso, en la provincia de Colón. El pasado 10 de diciembre, el Gobierno informó que hasta ese momento no había avances en las negociaciones.
Empleos en peligro
Mientras se llega a un consenso, la Cámara de Comercio de Colón exhortó a llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes lo antes posible y evitar que se pierdan miles de empleos, además de la “imagen, reputación, credibilidad y confianza en Panamá”, publicó el medio La estrella de Panamá.
Uno de los puntos que destaca la Cámara es la pérdida de más de 40 mil empleos formales, tanto directos como indirectos, aportes anuales de más de $100 millones a la Caja de Seguro Social (CSS), el sustento de más de 2.000 proveedores y aportes de más del 4% al producto interno bruto (PIB).
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La Cámara de Comercio de Colón pidió llegar a un acuerdo lo antes posible para evitar problemas que ocasionen “costos innecesarios, resultados inciertos y desgaste”; teniendo como objetivo evitar que las circunstancias se vuelvan más tensas.
En tanto, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) ha considerado como urgente reconducir las negociaciones enfocándose en fórmulas ganar–ganar, a través de las cuales se logre un balance justo que reconozca al Estado lo merecido, y a la empresa un beneficio que tome en cuenta las condiciones y los riesgos asociados a la actividad que desarrolla.
Advirtieron que, de lo contrario, el país corre el riesgo de aniquilar una actividad que representa el 3,5% del PIB de Panamá; estando en juego no solo la inversión que el propio Estado promovió, sino el futuro de una actividad económica que, bien desarrollada, puede ser instrumental para los panameños.
Intereses nacionales
Por su parte, el Colegio Nacional de Abogados (CNA), instó al Gobierno y a Minera Panamá a alcanzar un acuerdo en el que los intereses nacionales estén protegidos.
“Luego de la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato ley, hemos observado que la intención de las partes ha sido la de alcanzar un acuerdo y el comportamiento de las autoridades panameñas ha descansado en la buena fe, de no alterar el hilo conductor de esta relación y confiar en los interlocutores de la empresa bajo las nuevas realidades contractuales, sin embargo, en las próximas horas de no alcanzarse un acuerdo en los términos planteados, se requiere un cambio de rumbo”, indicó el CNA.
Advierte la organización que el Estado debe adoptar un comportamiento que permita salvaguardar los intereses de todos los panameños y que impida que la explotación de los recursos naturales estén a discreción de un particular y sin supervisión estatal.
Para el CNA, los acuerdos que se alcancen deben ser analizados por la ciudadanía, con visión de futuro y no pensando en las dificultades inmediatas.
“Aspiramos a que las partes lleguen a un acuerdo satisfactorio para el país, sin embargo, para valorarse en su contexto los panameños requerimos información del estatus de la negociación, los motivos o inconvenientes para lograr los mismos y sobre todo el contenido de las soluciones ofrecidas por la empresa Minera Panamá”, concluyó el CNA.
