En la planta de Lynas Malaysia se logró la primera producción comercial de disprosio fuera de China.
La minera Lynas Rare Earths ha alcanzado un avance estratégico para el mercado global de tierras raras, tras iniciar exitosamente la producción comercial de óxidos de disprosio en su planta de Malasia. Este elemento es fundamental para la fabricación de imanes de alto rendimiento, empleados en tecnologías como vehículos eléctricos y turbinas eólicas. Con este logro, Lynas se posiciona como la primera empresa fuera de China en producir tierras raras pesadas a escala industrial, en un contexto marcado por las restricciones de exportación impuestas recientemente por el gobierno chino sobre estos materiales estratégicos.
El disprosio fue producido en la refinería Lynas Malaysia, que opera desde 2012 y hasta ahora se había concentrado en la separación de tierras raras ligeras, esenciales en dispositivos electrónicos y sistemas de defensa. A finales de abril, la compañía puso en funcionamiento un nuevo circuito de separación de tierras raras pesadas, que permitirá procesar hasta 1.500 toneladas anuales. Aunque no se ha revelado el volumen exacto de producción inicial, se prevé que en junio se sumará también la producción de terbio, otro mineral clave para tecnologías energéticas.
La materia prima utilizada en la planta proviene del yacimiento Mt. Weld, situado en Australia Occidental, uno de los depósitos más ricos del mundo con aproximadamente dos millones de toneladas de óxidos de tierras raras en reservas. La CEO de Lynas, Amanda Lacaze, destacó que la producción conforme a las especificaciones técnicas representa un paso crucial para diversificar la cadena de suministro global. También informó que ya han iniciado conversaciones con clientes potenciales en Japón, Estados Unidos y Europa interesados en asegurar un suministro estable y no dependiente de China.
Paralelamente, la empresa está avanzando en la construcción de una nueva refinería en Texas, Estados Unidos, aunque ha advertido que para completar el proyecto podrían requerir apoyo financiero del gobierno estadounidense.
Durante el evento se abordaron temáticas especializadas como el panorama de la minería ilegal y su impacto en la región. Foto: AJAM.
A través del seminario taller “Minería Ilegal y su Persecución Penal” en Santa Cruz, dirigido a los representantes del Ministerio Público de la Fiscalía Departamental.
Con el fin de articular las labores de lucha contra la minería ilegal, la Fiscalía General del Estado boliviano y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en coordinación con la Escuela de Fiscales del Estado, organizaron este sábado en Santa Cruz el seminario taller “Minería Ilegal y su Persecución Penal”.
El evento estuvo dirigido a los representantes del Ministerio Público de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, como parte de los mecanismos de fortalecimiento interinstitucional en las acciones contra la explotación ilegal de recursos minerales.
Este taller es el segundo que se realiza, tras una primera experiencia desarrollada en La Paz en abril y busca consolidar mecanismos de coordinación interinstitucional.
La directora ejecutiva nacional de la AJAM, Ana Sofía Cameo, manifestó la importancia de estos espacios de coordinación y fortalecimiento en las acciones contra la minería ilegal, refiere un reporte institucional.
El fiscal General del Estado, Roger Mariaca, señaló que este espacio de formación y articulación interinstitucional representa una “oportunidad clave” para fortalecer nuestras capacidades técnicas y jurídicas, así como para consolidar mecanismos de cooperación más efectivos en la persecución penal de estos delitos.
“A pesar de los esfuerzos del Estado por regular el sector minero mediante normativas como el Código Penal, la Ley de Minería 535 y compromisos internacionales, la lucha contra la minería ilegal aún enfrenta desafíos significativos, por ello, este seminario busca promover una respuesta más eficaz, coordinada y respetuosa de los derechos humanos y del medio ambiente», explicó.
Evento
Durante el evento se abordaron temáticas especializadas como el panorama de la minería ilegal y su impacto en la región, el marco normativo vigente, la estructura y competencias de la AJAM, el procedimiento interno de atención de denuncias, así como metodologías para la identificación y documentación del delito.
El evento reunió a fiscales de áreas de derechos humanos y otras, con la finalidad de articular esfuerzos institucionales y promover una persecución penal más efectiva, coordinada y con enfoque de derechos humanos, en la defensa de los recursos naturales del país y la protección de la sociedad y su biodiversidad.
El proyecto contempla la ejecución de 201 sondajes, de los cuales 197 corresponden a terrestres y 4 a marinos.
La Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Tarapacá acogió a trámite la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto «Modificación de Proyecto Continuidad Operacional Cerro Colorado mediante la incorporación de plataformas de prospección para sondajes mineros, estudios geotécnicos e hidrogeológicos y calicatas», presentada por la Compañía Minera Cerro Colorado Ltda.
Con una inversión de US$60 millones, la iniciativa se localizará en las comunas de Pozo Almonte y Huara, provincia del Tamarugal, y en la comuna de Alto Hospicio, provincia de Iquique, todas pertenecientes a la Región de Tarapacá.
Su objetivo principal corresponde a la ejecución de sondajes y calicatas, orientados a obtener la información necesaria y suficiente para reducir la incertidumbre geológica asociada al recurso minero, robustecer la caracterización de los niveles y calidad de los recursos hídricos subterráneos en el entorno de la faena minera Cerro Colorado y estudiar las propiedades físicas y mecánicas del suelo en áreas de interés para el desarrollo de futuros proyectos.
El proyecto contempla la ejecución de 201 sondajes, de los cuales 197 corresponden a terrestres y 4 a marinos.
Estos sondajes serán ejecutados en un total de 182 plataformas terrestres y 4 plataformas flotantes. Dichas plataformas se localizarán en tres sectores, que conforma el área del Proyecto: Sector Precordillera, Sector Pampa y Sector Costa.
Los sondajes contemplados en la iniciativa se dividen en las siguientes categorías:
Sondajes mineros: Incluyen un total de 97 sondajes destinados a reducir la incertidumbre geológica del cuerpo mineralizado y a establecer las bases para el desarrollo de futuros planes mineros.
Sondajes hidrogeológicos: Comprenden 27 sondajes enfocados en recolectar información sobre los niveles y la calidad de los recursos hídricos subterráneos.
Sondajes geotécnicos (terrestres): Se realizarán 73 sondajes con el propósito de analizar las propiedades físicas y mecánicas del suelo.
Sondajes geotécnicos (marinos): Adicionalmente se contemplan 4 sondajes en el mar, orientados a analizar propiedades físicas y mecánicas del suelo marino.
Junto a ello, el proyecto considera la ejecución de 81 calicatas, destinadas a describir la caracterización de las propiedades físicas y mecánicas del suelo.
En este sentido, se menciona que la iniciativa contempla habilitar un total de 70 áreas de trabajo para la ejecución de calicatas, de las cuales 60 se habilitarán en el Sector de Precordillera, 8 en Sector Pampa, y 2 en el Sector Costa. Tal como se considera para la ejecución de sondajes, algunas de las calicatas (11) serán ejecutadas en áreas de trabajo comunes, es decir, con otra calicata o con un sondaje.
En términos económicos, el acuerdo establece que Rio Tinto contribuirá al proyecto un monto de hasta US$900 millones.
Luego de un proceso iniciado en 2024 y tras la aprobación por la unanimidad de su directorio, Codelco suscribió con Rio Tinto un Acuerdo de Asociación que establece los términos y condiciones para la creación de una sociedad conjunta que desarrollará un proyecto de litio en el Salar de Maricunga.
“Este proceso, que ha sido extraordinariamente competitivo, prueba el valor estratégico del litio como mineral crítico, el prestigio de Codelco como socio y lo atractivo de nuestro país como lugar de inversión. Se ha realizado un gran trabajo del equipo de Codelco, involucrando diversas actividades, como visitas al Salar de Maricunga, presentaciones a los interesados y la respuesta constante a requerimientos de información y preguntas”, destacó Máximo Pacheco, presidente del directorio de la estatal chilena.
Desde la Corporación resaltaron que la definición de este socio estratégico se realizó con la asesoría del banco de inversiones Rothschild & Co., a través de un procedimiento riguroso en el que cuatro empresas presentaron ofertas vinculantes. En materia legal, el equipo liderado por la vicepresidenta Macarena Vargas, fue asesorado por las firmas Carey y Cía. (Chile) y Sullivan & Cromwell LLP (USA). Dentro de los criterios utilizados para la selección de Rio Tinto, se tuvo en consideración el valor ofrecido, su sólida posición financiera y su experiencia y credenciales en el desarrollo de proyectos de salmuera de litio y tecnología asociada, entre otros.
La asociación con Rio Tinto —el segundo conglomerado minero más grande del mundo, presente en 35 países, entre ellos, Chile, donde es accionista de minera Escondida y socio de Codelco en el proyecto de exploración Nuevo Cobre— se hará efectiva una vez que se cumplan todas las exigencias legales necesarias, incluidas consultas a organismos regulatorios en Chile y en el extranjero, aún por definir, y se proceda a la suscripción del pacto de accionistas y la formación de la sociedad conjunta, por lo que el cierre de la operación se espera para el primer trimestre de 2026.
Jakob Stausholm, Chief Executive de Rio Tinto, sostuvo que “nos sentimos honrados de ser elegidos socios de Codelco para desarrollar un proyecto de clase mundial utilizando tecnología de Extracción Directa de Litio en el Salar de Maricunga, aprovechando nuestra experiencia como productor líder de litio para el mercado global. El desarrollo de este importante recurso de litio generará un mayor crecimiento y valor agregado en nuestra cartera de minerales críticos, esenciales para la transición energética”.
La minera anglo-australiana adquirirá una participación de 49,99% en Salar de Maricunga SpA, por lo que Codelco controlará dicha entidad con el 50,01%, en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Litio y las condiciones establecidas en el CEOL entregado por el Ministerio de Minería. Juntos, Codelco y Rio Tinto, definirán en esta sociedad la hoja de ruta que se desarrollará en Maricunga, que utilizará nuevas tecnologías competitivas y sustentables.
“Este proyecto da continuidad a nuestra estrategia de diversificación hacia el litio que es fundamental para la transición energética con un socio de talla mundial como es Rio Tinto y que representó la opción más atractiva para Codelco y el país. Nos sentimos felices y orgullosos de fortalecer nuestra asociación con una empresa del prestigio de Rio Tinto a quien le damos una calurosa bienvenida como socio en este proyecto tan importante para Chile”, expresó Pacheco.
Hasta US$900 millones de inversión
En términos económicos, el acuerdo establece que Rio Tinto contribuirá al proyecto un monto de hasta US$900 millones, que se compone de US$350 millones al cierre de la transacción; US$500 millones cuando se tome la decisión final de inversión del proyecto (Final Investment Decision) y US$50 millones si el proyecto genera la primera producción de carbonato de litio equivalente comercializable antes del 31 de diciembre de 2030.
Respecto de la nueva sociedad, las partes acordaron, entre otras materias, el contenido del pacto de accionistas que guiará las relaciones entre accionistas, con un directorio compuesto por cinco miembros, tres de los cuales serán designados por Codelco, incluyendo al presidente, y dos por Rio Tinto.
El Salar de Maricunga es el segundo con la mayor concentración de litio en salares del mundo después del Salar de Atacama, y la sociedad conjunta capitalizará los avances realizados en las exploraciones previas, junto con las ingenierías y los permisos ambientales que ya se tienen en el salar.
Codelco realizó entre 2022 y 2023 una primera campaña de exploración en la zona, con el objetivo de construir el modelamiento hidrogeológico y estimar los recursos minerales. En paralelo, y con el objetivo de consolidar su posición en el salar, en 2024 adquirió la compañía Lithium Power International (LPI) dueña de Minera Salar Blanco S.A.
“Esto nos deja en inmejorable posición para el desarrollo de un nuevo proyecto de litio en Chile, que involucrará tecnología innovadora, un completo cumplimiento de los estándares ambientales y un continuo proceso de relacionamiento con las comunidades, como lo hemos hecho desde el comienzo, para cuidar el ecosistema del salar”, agregó Pacheco.
Fundición de EGA en Jebel Ali. Foto: Emirates Global Aluminium.
Con una capacidad para producir hasta 600.000 toneladas anuales de aluminio primario, se prevé que la construcción concluya el 2030.
Emirates Global Aluminium (EGA) planea comenzar a construir una planta de US$ 4 mil millones Oklahoma (Estados Unidos) el próximo año, mientras Donald Trump presiona para obtener inversiones masivas de los estados del Golfo ricos en petróleo para evitar sus aranceles.
La fundición tendrá capacidad para producir hasta 600.000 toneladas anuales de aluminio primario. Se prevé que la construcción comience a finales de 2026 y esté lista para 2030, según informó la compañía en un comunicado el viernes. EGA también colabora con la empresa de defensa estadounidense RTX Corp. y el Consejo de Tawazun de los Emiratos Árabes Unidos en un proyecto de galio.
El presidente de Estados Unidos anunció acuerdos por US$ 200.000 millones con los Emiratos Árabes Unidos durante la última escala de su gira por Oriente Medio, que se suman a los compromisos de inversión de Arabia Saudita y Qatar.
EGA, con sede en Dubai, completó su primera adquisición en Estados Unidos el año pasado cuando compró el 80 % de Spectro Alloys Corp. en Minnesota y dijo que realizaría más inversiones para contrarrestar el impacto de los aranceles estadounidenses.
Trump sugirió que se construiría una planta de aluminio en los Emiratos Árabes Unidos en Estados Unidos porque la empresa tendría que pagar un arancel elevado si la instalación se construyera en los Emiratos. La fundición y el proyecto de galio forman parte de las inversiones que anunció.
La construcción de la fundición depende de la obtención de un acuerdo energético competitivo, incentivos a la inversión local y acuerdos de crédito fiscal, afirmó EGA.
EGA dijo que ha firmado un acuerdo de opción de tierra exclusiva para un sitio cerca de Tulsa y está en negociaciones avanzadas con la Compañía de Servicio Público de Oklahoma y el gobierno de Oklahoma.
RTX y el Ayuntamiento de Tawazun firmaron un memorando de entendimiento para establecer a EGA como proveedor de galio, un mineral esencial para la fabricación de chips, según informó el productor de aluminio en un comunicado aparte. El galio se extraería y refinaría en la refinería de alúmina de EGA en Abu Dabi. No se reveló el valor de la posible inversión.
La SNMPE advirtió que el Gobierno no ha aprobado el plan de lucha contra la minería ilegal. (Imagen: ANDINA)
El empresario minero Segundo Cueva Rojas reveló detalles de la matanza que el 25 de abril terminó con la vida de 13 personas en el socavón Santa María, distrito de Pataz, La Libertad, se dio con la finalidad de robar más de 200 toneladas de mineral aurífero, las que fueron sustraídas en un asalto cuidadosamente orquestado, ejecutado sin previo contacto ni exigencia económica.
“Fue terrorismo, no un robo común”
Cueva relató a Cuarto Poder que la agresión comenzó pasada la medianoche, tras recibir una llamada que lo alertó del ataque. Al llegar a la zona, encontró los accesos bloqueados con piedras. Parte de su personal había sido tomado como rehén, mientras otros intentaban escapar entre disparos y humo. “Nunca pidieron rescate, no querían dinero. Solo venían por el oro”, sostuvo.
El uso de humo tóxico —producto de la quema de llantas— dificultó la visibilidad. Los atacantes dispararon sin tregua, dejando voces de auxilio apagadas por el paso de las horas. El hallazgo de los cuerpos se dio días después, luego de retirar un muro de piedras.
Seguridad informal y presunto colaborador
El testimonio del empresario también expuso una de las debilidades del sistema: la contratación informal de personal de seguridad. Dos sujetos, conocidos como “Rec” y “Técnico”, eran los encargados de vigilar las instalaciones. José Ramiro Lozano Peche, alias “Técnico”, fue contratado sin contrato ni registro. “Todo era de palabra, no hay nada firmado”, reconoció.
Ambos supuestos vigilantes pertenecían a una “empresa R y R” que, en realidad, no existía legalmente. Pagaban hasta 100 mil soles mensuales por ese servicio, sin ninguna documentación de respaldo. Tras la masacre, “Técnico” desapareció y ahora es investigado por una posible complicidad en el asalto.
Impacto en la región y grietas en la seguridad
Las 13 víctimas fueron halladas en un área distinta a la del mineral, lo que sugiere que sus cuerpos fueron movidos tras ser asesinados. El propio Cueva acompañó a las autoridades en el reconocimiento del socavón.
El caso no solo expone el nivel de violencia asociado a la minería ilegal, sino también las debilidades estructurales en el control del uso de seguridad privada en zonas de extracción. “Esto fue un ataque planificado, con inteligencia interna. Lo que han hecho es terrorismo”, afirmó.
Mientras continúan las investigaciones, el empresario ha asumido el apoyo a las familias afectadas. Pataz, una de las zonas más golpeadas por la minería ilegal en el país, enfrenta hoy un nuevo capítulo de impunidad, crimen organizado y un oro que aún no aparece.
El Congreso informó que se debatirá el dictamen recaído en el proyecto de ley 6851 que establece medidas de control y de fiscalización en la distribución, el transporte y la comercialización de insumos químicos susceptibles de uso en la actividad minera y en la minería ilegal. Esta propuesta legislativa, impulsada por el congresista José Williams Zapata (Avanza País), modifica el Decreto Legislativo N.º 1103 y refuerza los mecanismos de control, fiscalización y trazabilidad de insumos químicos utilizados en actividades mineras ilegales, como el mercurio, cianuros y combustibles.
La iniciativa fue aprobada por mayoría en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera el 13 de mayo de 2025. El dictamen propone una nueva estructura normativa con seis capítulos que regulan desde el registro de usuarios hasta la aplicación de sanciones, incorporando además la obligación de rotulado de envases y la fiscalización en cualquier punto del transporte, no solo en puestos de control fijos.
Más facultades para la SUNAT
El proyecto transfiere a la SUNAT la competencia para fiscalizar e incautar insumos químicos en el ámbito administrativo, eliminando funciones que anteriormente implicaban intervención penal directa, lo cual había sido observado por diversas instituciones por vulnerar la separación de poderes. La SUNAT podrá ahora realizar controles inopinados, inspeccionar rutas fiscales, exigir registros y reportes de incidentes, e imponer sanciones con garantías de debido proceso.
Además, se refuerza el control aduanero y en zonas primarias (puertos, aeropuertos, fronteras), autorizando la incautación de insumos sin permisos de ingreso o salida del país. OSINERGMIN también tendrá un rol de supervisión complementaria, especialmente en el comercio de hidrocarburos.
Reacciones mixtas
Mientras que el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Justicia consideran viable la propuesta, con observaciones técnicas sobre la responsabilidad ambiental y coordinación normativa, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la declaró inviable en su forma actual por invadir competencias del Ejecutivo.
Pese a ello, la propuesta ha sido respaldada por evidencia contundente: solo en 2024, el Estado incautó bienes relacionados a la minería ilegal por más de S/ 2.200 millones en 740 operativos, según el alto comisionado Rodolfo García. Asimismo, un estudio del IEP reveló que la minería ilegal es identificada por la población como una de las principales causas de deforestación.
Impacto ambiental y derechos humanos
El proyecto de ley se alinea con tratados internacionales como el Convenio de Minamata sobre el mercurio y la Agenda 2030 de la ONU. Su objetivo es reducir la contaminación, proteger la biodiversidad, mejorar las condiciones de salud de comunidades afectadas, especialmente indígenas, y fomentar una minería formal y sostenible.
En resumen, la propuesta representa un intento integral de cerrar el grifo del abastecimiento químico que alimenta a las mafias mineras ilegales, mientras protege la salud, el medio ambiente y el desarrollo formal en el país. Su debate en el Pleno será clave para el futuro de la política ambiental y de seguridad en el Perú.
El Banco Central de Reserva del Perú reportó una mejora fiscal en abril.
El déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses retrocedió a 2.9 % del PBI al cierre de abril, según estimaciones preliminares del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esta cifra representa una mejora de 0.4 puntos porcentuales respecto a marzo (3.3 %) y consolida tres meses consecutivos de recuperación en las finanzas públicas. El avance responde principalmente al fortalecimiento de los ingresos corrientes del gobierno general, junto con un menor ritmo de ejecución del gasto no financiero, lo que coloca al país más cerca de cumplir la meta fiscal de 2.2 % para este año.
En ese mismo mes, el sector público no financiero habría logrado un superávit económico de S/ 7,395 millones, más del doble de lo alcanzado en abril de 2024 (S/ 2,677 millones). Este resultado positivo se explica por un aumento interanual de 18.2 % en los ingresos corrientes, una reducción de 1.5 % en los gastos no financieros y una disminución en el servicio de la deuda pública.
De hecho, entre enero y abril de 2025, el superávit acumulado llegó a S/ 6,116 millones, muy por encima de los S/ 363 millones registrados en el mismo periodo del año pasado. La mejora en los ingresos fiscales responde, en gran parte, a una recaudación tributaria más robusta. Destacaron los aportes derivados de la regularización del impuesto a la renta, los pagos a cuenta de contribuyentes y el incremento del IGV interno.
Pese al desempeño favorable de los últimos meses, el panorama fiscal aún arrastra el impacto de dos años consecutivos de incumplimiento de la regla fiscal, con déficits de 2.8 % en 2023 y 3.6 % en 2024.
El nuevo reglamento de la Ley N° 32213 no solo transfiere competencias al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), sino que incorpora una serie de mecanismos tecnológicos y normativos para cerrar brechas, frenar abusos y controlar mejor la actividad minera artesanal.
Uno de los ejes centrales es la implementación del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), que permitirá supervisar la trazabilidad de minerales, explosivos, insumos químicos y productos fiscalizados. Este sistema integrará datos con imágenes satelitales de vigilancia ambiental, lo que facilitará la detección de actividades ilegales en zonas de difícil acceso, como la selva o regiones de conflicto minero.
Además, el reglamento establece la depuración progresiva del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Se eliminarán aquellas inscripciones que estén siendo mal utilizadas o que permanezcan activas sin justificación. Este proceso ya ha comenzado en distritos de la provincia de Pataz, donde rige el estado de emergencia debido a conflictos ligados a la minería ilegal.
Uno de los puntos más controversiales ha sido la discusión sobre la llamada “herencia del REINFO”. Según el Minem, la norma aclara que la sucesión ya está contemplada legalmente y tiene respaldo jurisprudencial. Se busca permitir que familiares continúen con el proceso de formalización en caso de fallecimiento del titular, pero siempre bajo la condición de constituirse como persona jurídica, para asegurar responsabilidad ambiental y cumplimiento normativo.
De hecho, la medida se ampara en la Ley General del Ambiente, que establece que quien genera un impacto debe asumir los costos de mitigación y rehabilitación. La creación de una figura jurídica responsable garantiza, además, que el proceso de formalización tenga continuidad sin evadir las exigencias legales.
Con este nuevo marco, el Gobierno busca equilibrar inclusión social, control ambiental y trazabilidad económica, en un sector históricamente informal pero vital para el desarrollo de muchas regiones del país.
Comisión de Energía y Minas del Congreso. (Foto: MINEM)
El congresista Paul Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, anunció que esta semana se convocará una sesión extraordinaria para poner en agenda y debatir la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), cuyo predictamen ya ha sido trabajado y está listo para su presentación.
“Con la ley MAPE, una vez debatida y aprobada, el REINFO tendría que derogarse. Con la ley MAPE prácticamente el tema del REINFO va a quedar ahí. Va a haber mecanismo para ayudar a los mineros a formalizarse, no tiene nada que ver con el REINFO”, declaró el parlamentario.
Cabe recordar que este martes 20, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, acudirá a la sesión ordinaria de la comisión para explicar las decisiones tomadas respecto al REINFO y al nuevo reglamento de la Ley N° 32213. Esta norma transfiere competencias al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) e incorpora mecanismos tecnológicos y normativos para cerrar brechas, prevenir abusos y ejercer un mayor control sobre la minería artesanal.
A partir de esta disposición, la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del MINEM asumirá la conducción del proceso de formalización, con el objetivo de agilizar, fiscalizar y dar trazabilidad a una actividad históricamente dispersa y difícil de supervisar.
La medida busca unificar criterios técnicos y legales a nivel nacional, reforzar la lucha contra la minería ilegal y evitar que se sigan otorgando registros sin control. El reglamento establece como fecha límite el 30 de junio de 2025, con una posible prórroga excepcional hasta el 31 de diciembre del mismo año.
