Recordó que en el periodo 2014-2023, la participación de las empresas mineras en la inversión privada ascendió al 10.8 % del PBI.

Desde hace más de dos décadas, Julia Torreblanca ha sido una voz activa en el sector minero peruano. La hoy flamante presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), remarcó, en diálogo con la revista Desde Adentro del gremio, que el sector minero continuará siendo clave para nuestro país, no solamente en términos del PBI, sino también en la generación de empleo y otros ámbitos.

Recordó, así, que en el periodo 2014-2023, la participación de las empresas mineras en la inversión privada ascendió al 10.8 % del PBI.

«Esto da un indicio de cuán importante ha sido y cómo va a seguir siéndolo en el 2025. En los últimos diez años, el sector minero ha contribuido con el 20.8 % de los impuestos, incluyendo el pago de regalías mineras, el impuesto especial a la minería y el gravamen especial minero», dijo.

Destacó, seguidamente, que el Perú lidera en reservas de oro, plata, zinc y molibdeno en América Latina. Así, «deberíamos aprovechar e impulsar la cartera de proyectos de exploración minera para consolidarnos como un destino atractivo para la inversión sostenible, transparente y con seguridad jurídica».

También puedes leer: Julia Torreblanca es electa presidenta de la SNMPE para el período 2025 – 2026

«Como dice Roque Benavides, la minería es la única actividad que se puede desarrollar de manera sostenible a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar. Esto nos permite brindar oportunidades a las personas que viven en las comunidades aledañas a los proyectos para que puedan desarrollarse, fortaleciendo la cadena productiva y promoviendo el desarrollo de proveedores y otros sectores económicos», señaló.

Desafíos

Para Torreblanca, uno de los principales retos sigue siendo la minería ilegal: un problema que genera graves impactos económicos, sociales y ambientales, afectando también la seguridad nacional y ciudadana.

«Es crucial que nuestros principios y objetivos como gremio trasciendan a nivel nacional para construir un país con desarrollo sostenido y equidad social. Es fundamental trabajar con las autoridades, tanto el sector público como el privado, para proponer mejores mecanismos de control efectivos que permitan formalizar a los mineros informales y frenar el avance de las economías ilegales asociadas al crimen organizado, las cuales representan una amenaza para la seguridad de todos los peruanos».

Agregó que hay otros dos retos fundamentales: los aspectos regulatorios y la correcta utilización de los recursos generados por la minería.

Mencionó, en ese sentido, que «enfrentamos altos niveles de complejidad normativa. Si bien esta complejidad puede dificultar la formalización de los informales, para las empresas formales representa retrasos excesivos en la obtención de permisos, falta de interoperabilidad entre entidades públicas y la existencia de barreras burocráticas».

También puedes leer: Proveedores mineros triplicarían su nivel de facturación hasta los US$ 30,000 millones este año

Sobre la correcta utilización de los recursos generados por la minería, la presidenta del gremio manifestó que, «aunque estos recursos son importantes, muchas veces no se invierten de manera efectiva, lo que impide reducir las brechas sociales. En algunos casos se han acortado, pero en otros, las desigualdades persisten».

«Se debe contar con un esquema de prioridades para el uso del canon y las regalías mineras que responda a las verdaderas necesidades de cada población, de acuerdo con las brechas de infraestructura que se presentan en las mismas. Proyectos relacionados con el agua potable, saneamiento, educación y salud, deberían ser prioritarios para su atención, siempre respondiendo a la realidad de la localidad. Estos aspectos no deberían postergarse para construir en su lugar palacios municipales o infraestructura que no resulte relevante para generar desarrollo». 

Actoó que se deben establecer incentivos a los Gobiernos Locales y Regionales para el uso eficiente de estos recursos, y un esquema de estabilización para prever variaciones en la recaudación que pongan en riesgo la disposición de estos.

Exploración minera

Torreblanca fue enfática al afirmar que «sin exploración no habrá más producción».

«Es fundamental simplificar el régimen legal para poder iniciar y promover más proyectos de exploración», resaltó.

Antes, recordó, aplicaba a los proyectos de exploración un instrumento de gestión ambiental más sencillo con tiempos de aprobación reducidos, lo que permitía a las empresas cumplir con una evaluación ambiental a través de Declaraciones de Impacto Ambiental o DIAs o un estudio de impacto ambiental semidetallado y comenzar con la exploración.

Sin embargo, «los tiempos hoy se han dilatado. Tenemos que seguir muchos más pasos».

«Creo que se puede lograr simplificar sin reducir estándares ambientales ni sociales a través de la revisión de los términos de referencia de los estudios, silencio administrativo positivo en algunos procedimientos, entre otros».

La consulta previa, aseveró, es otro desafío. Hay casos en los que el proceso puede demorar hasta 36 meses, es decir, tres años. En ese tiempo, el capital ya está siendo invertido en otro país con procesos más simplificados. Por ejemplo, en Chile hay procesos más ágiles, con certificaciones ambientales solo para proyectos mayores de exploración que tengan más de 40 plataformas. «Esa es una oportunidad para mejorar la regulación en nuestro país».

«Para mí es un honor presidir la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que es el gremio minero energético del país. Pero es también una gran responsabilidad. Mi principal motivación es que los peruanos evidencien la importancia de la minería y del sector energético para el país, reducir brechas sociales y lograr que los aportes de las empresas mineras se usen de manera eficaz y efectiva para mejorar la calidad de vida de la población», finalizó.