Se explicó que este instrumento sería un estudio de planificación, que deberá analizar las características socio-económicas del área de influencia, sus carencias y potencialidades.

El 28 de julio de 2021 el presidente Pedro Castillo Terrones anunció que «si un proyecto minero no tiene rentabilidad social, simplemente no va.” Pero cómo aterrizar el concepto de rentabilidad social, qué antecedentes y herramientas existen para determinar la misma, o mejor aún, por qué no se propone un sistema que asegure, de manera vinculante, el desarrollo de las comunidades en el área de influencia, sin comprometer la viabilidad económica de las operaciones mineras.

A continuación tenemos los comentarios de Cesar Delgado Canaval Gerente de Asuntos Ambientales y Sociales. CESEL SA.

Así, explicó, «de manera general, la rentabilidad social se obtiene cuando, de la contraposición entre los beneficios que aporta cierta actividad contra los perjuicios que esta pudiera ocasionar a la sociedad en su conjunto, obtenemos un resultado positivo, en términos no necesaria o únicamente económicos».

«Esta definición general esconde una problemática de gran escala en lo que a definición de rentabilidad social de refiere; ya que podríamos argumentar que las inversiones mineras como las conocemos ya son rentables para el Estado peruano y, por consiguiente, a la sociedad peruana en su conjunto», indicó el especialista.

Delgado señaló que «debemos entender el anuncio del presidente a una escala mucho menor, referida específicamente a las áreas de influencia de las operaciones mineras».

«Siendo así, podría argumentarse que la rentabilidad social a esa escala es más difusa, y se mediría en función a diversas razones y condiciones tales como la falta de servicios básicos, infraestructura, accesos a servicios de salud, saneamiento y educación así como vulnerabilidades ambientales», detalló.

La mayoría de ellas –o todas– de responsabilidad del propio Estado peruano, que no ha logrado a la fecha encontrar mecanismos eficientes de inversión del canon destinado precisamente para ese propósito.

«Las empresas mineras no han estado de brazos cruzados y a través de los años han desarrollado políticas de responsabilidad social y obras por impuestos en sus áreas de influencia directa, pero distan mucho de ser suficientes, por sí solas, para cubrir las brechas históricas de desarrollo en varios de estas localidades», aseguró.

Trabajo tripartito

Delgado manifestó que todos somos conscientes que inversiones en servicios e infraestructura de este tipo y magnitud no son de competencia o responsabilidad ni están en la capacidad del sector minero.  Sin embargo, existen antecedentes interesantes y a partir de ellas plantear un nuevo instrumento de gestión para el desarrollo de las comunidades en el área de influencia, financiado mediante fidecomisos. 

Así, propuso, un fidecomiso administrado tripartitamente por representantes del Estado peruano, las comunidades/municipios y los inversionistas/operadores mineros aseguraría los flujos de caja necesarios para financiar proyectos que potencien la rentabilidad social en el área de influencia del proyecto minero, «pero aún debe implementarse un sistema para la correcta selección de proyectos, el desarrollo de los expedientes técnicos y la ejecución de las obras».

«Es esencial asegurar la correcta y eficiente inversión del fidecomiso, seleccionando proyectos y programas relevantes para la población», enfatizó.

Por ello, sugirió, debe formularse un Plan Vinculante de Desarrollo Integral del área de influencia del proyecto minero con categoría similar a los Estudios de Impacto Ambiental (que son a la vez una declaración jurada y un documento técnico de fiscalización aprobado por el estado).

En ese sentido, explicó que el Plan Vinculante de Desarrollo Integral sería un estudio de planificación, que deberá analizar las características socio-económicas del área de influencia, sus carencias y potencialidades, a fin de plantear una cartera de proyectos de inversión en infraestructura vial, saneamiento, electrificación rural, telecomunicaciones, así como potenciar servicios de educación y salud y finalmente plantear proyectos de desarrollo productivo en agricultura, turismo e industriales para sentar las bases de un desarrollo sostenible una vez las operaciones mineras terminen.

«Estos planes deberán contar con la participación activa de las comunidades y municipios del área de influencia, tanto en la selección de los proyectos así como en la priorización de ejecución, mediante mecanismos de participación ciudadana o durante la consulta previa», continuó.

Asimismo, «un requisito vital para la aprobación de estos planes seria tener cronogramas tentativos de elaboración de estudios y ejecución de obra con el financiamiento asegurado desde el fidecomiso administrado por los representantes del Estado, las comunidades/ municipios y los inversionistas/operadores».

Siguiendo esta lógica, dijo Delgado, ya tendríamos asegurados el capital, los proyectos y su priorización (con la participación activa de las propias comunidades/municipios), para un shock de inversiones en las áreas de influencia minera.

Sin embargo, advirtió que aún queda la gran problemática de la ejecución de estos proyectos y programas, «problemática que no debe minimizarse ya que son innumerables las obras a cargo del Estado que se encuentran paralizadas, por diversas razones».

Para ello, los administradores del fidecomiso podrían realizar Contratos PMBOK de proyectos específicos o carteras de ellos (según su dimensión) a fin de asegurar el correcto desarrollo del expediente técnico y la eficiente ejecución de la construcción. «Los contratos PMBOK podrían contener clausulas para incentivar la participación con proveedores locales y la cadena de beneficiarios directos e indirectos», acotó.

Por supuesto, dijo, deben definirse muchísimos detalles, adecuar normativas y procesos, evaluar la posibilidad que varias operaciones mineras adyacentes aporten a un mismo Plan Vinculante de Desarrollo Integral.

Así también, deberán plantearse los mecanismos para que el MEF aporte al fidecomiso el valor presente de los futuros ingresos de canon y la cantidad de años de proyección (según la vida útil de la mina). Por otro lado, cualquier aporte de la empresa minera al fidecomiso podría considerarse como deducible de impuestos.

«Lo realmente esencial es que el Plan de Desarrollo Integral sea una herramienta vinculante que identifique y evalué y asegure los flujos económicos para concretar mejoras en la calidad de vida en el área de influencia del proyecto minero, manteniendo el balance con las proyecciones de canon, otros tributos y aportes voluntarios de los operadores. Es decir, desarrollar una herramienta que magnifique la rentabilidad social a una escala local/regional, sin comprometer su rentabilidad social a escala nacional», finalizó.