HIDROCARBUROS. Debido al alto nivel de informalidad en el mercado de GLP, que se manifiesta con la comercialización de balones de gas inseguros, defectuosos o sin el volumen por el que pagan los consumidores, la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) solicitó la intervención de las instituciones del Estado que tengan competencia para hacer frente a ese grave problema.

El presidente de dicho gremio, Fernando Cabada, explicó que actualmente las acciones realizadas por el Osinergmin, como organismo regulador y fiscalizador, y la Policía Nacional del Perú, para brindar seguridad, no son suficientes a pesar de la buena voluntad de dichas instituciones.

Explicó que en esta cruzada contra la informalidad deben participar la SUNAT, para hacer frente la evasión tributaria; el Ministerio Público, para investigar los delitos; el Indecopi, para defender a los consumidores y a las propias empresas envasadoras; la Sunafil, para verificar el cumplimiento de las normas laborales, y las municipalidades, en defensa de la seguridad de sus vecinos y sus comunidades. “Si lo que se quiere es una fiscalización efectiva, es necesario que todas las entidades mencionadas participen activamente y de forma articulada dentro de sus competencias”, enfatizó.

De otro lado, el representante del gremio que reúne a las empresas envasadoras y distribuidoras de gas licuado señaló que también debería dotarse de más recursos y atribuciones a Osinergmin, para que pueda lograr resultados más eficaces contra la ilegalidad que se ha incrementado en los últimos años en todos los eslabones de la cadena de comercialización de GLP.

Precisó que las empresas informales, o formales con prácticas ilegales, se apropian de los cilindros de otras compañías para volver a llenarlos y aprovecharse del prestigio y la buena reputación de la marca ganada por muchos años o, de lo contrario, los pintan con sus propios colores y logotipos para vender sus productos sin haber invertido en la adquisición de dichos envases. “Lo más grave es que dichas empresas no revisan el estado de la válvula, llaves o el estado del cilindro, poniendo en grave riesgo a los consumidores y sus hogares. Asimismo, no tienen reparos en adquirir y envasar cilindros falsificados lo cual incrementa el riesgo para los usuarios”, agregó.

También refirió que, debido a la falta de fiscalización y control, algunas empresas informales no tienen a su personal en planilla, no cuentan con los permisos en regla ni con la cobertura de los seguros exigidos ni la capacidad económica necesaria para solventar los daños que podrían generar sus actividades, lo que constituye una competencia desleal para las empresas formales, que cumplen con esas obligaciones al adquirir seguros con una cobertura superior a la exigida por la legislación vigente.

Cabada también aseguró que muchos de los cilindros de gas que venden las empresas informales no contienen el peso neto exigido por las normas aplicables, con lo que el combustible neto es mucho menor por el que pagan los consumidores, hecho que afecta de forma directa en la economía de los miles de hogares que usan este combustible.

“Todo ello -agregó- facilita que los informales puedan ofrecer su producto a menores precios que las empresas formales, constituyendo no solo un engaño y un grave riesgo para los consumidores sino, además, una competencia desleal para las empresas formales”. Por ello solicitó que “el Estado actúe inmediatamente de forma articulada y conjunta en todos los ámbitos a efectos de lograr una fiscalización efectiva con resultados tangibles para los consumidores”.

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(ABN)