MINERÍA. El proyecto de ley que impulsa las inversiones en las zonas alejadas en el país dinamizará el desarrollo económico y no afectará a las comunidades nativas, señaló el congresista Federico Pariona, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, que aprobó el dictamen en la víspera.

Según explicó, la norma es resultado de una labor técnica, desplegada por la comisión, a través de la cual se recogieron los aportes de congresistas, funcionarios de distintos sectores, así como de diferentes organizaciones ambientalistas.

“Es un trabajo netamente técnico, debemos separar lo político de lo técnico. Al margen del respeto a las posiciones contrarias de algunos congresistas, hay que mirar al país. La norma ayudará a tener mejores oportunidades”, manifestó.

Pariona señaló que la iniciativa apunta a contrarrestar las trabas burocráticas y agilizar el otorgamiento de autorizaciones y permisos y, en paralelo, fortalecer la autoridad del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace).

“Senace se encargará de llevar todo el procedimiento en cuanto a las certificaciones. Con ello se garantiza la entrega de certificaciones en su debido tiempo y más orden. Hoy hay mucho desorden para ello”, consideró.

El legislador dijo que hay una interpretación discrepante sobre la norma en algunos parlamentarios que consideran que afectará los derechos de las comunidades nativas, situación que, aseveró, se encuentra descartada.

“Dentro del dictamen se tiene el artículo 28 y el 29, que excluye a la selva. No hay nada en el dictamen que afecte a las comunidades de la selva, como dicen algunos, a todas las comunidades se las respeta”, enfatizó.

Aseguró, en ese sentido, que la normativa no vulnera el derecho de las comunidades sobre la posesión de sus territorios y la titulación de tierras, un proceso independiente a cargo del Ejecutivo y gobiernos subnacionales.

El proyecto, refirió, se aplicará al margen de las posibilidades que otorga la Ley de Consulta Previa, que faculta a las comunidades a una participación mucho más directa frente a las inversiones en sus territorios.

Pariona, de la bancada opositora de Fuerza Popular, aseguró que se ha actuado con responsabilidad en la aprobación de la iniciativa y sin visos políticos, teniendo en cuenta que procede del Ejecutivo.

“Lo que se quiere es ayudar a la inversión. Ahora vemos conflictos en algunas regiones, pero tenemos muchas cosas por trabajar y una de ellas es la inversión que dinamiza el desarrollo económico”, insistió el parlamentario.

Fuente: América Economía

La producción de la región Moquegua crecerá 5% al cierre del presente ejercicio y en un año se constituiría en una economía de pleno empleo gracias a la expansión de la actividad minera, agraria y pesquera para consumo humano directo, sostuvo el gobernador regional, Jaime Rodríguez.

Detalló que uno de los principales objetivos de su gestión es lograr que Moquegua sea una de las más importantes regiones exportadoras del Perú.

“Esta meta se alcanzará sobre la base de una población más capacitada, lo cual incidirá directamente en elevar la productividad y competitividad de la región”, declaró al diario oficial El Peruano.

Dijo que las minas Quellaveco y Chucapaca, a cargo de la empresa Buenaventura, se constituirán en una de las principales fuentes de empleo para el mediano y largo plazo.

«Una de las estrategias que emplearán para asegurar la dinámica económica regional es invitar a los principales inversionistas del país para que desarrollen actividades productivas en esta región. Una de sus principales condiciones es la protección del medioambiente», agregó.

Rodríguez manifestó que para ello disponen de grandes extensiones y servicios necesarios para facilitar el desarrollo de diversas actividades económicas.

“Particularmente nos interesa fomentar la industria vitivinícola en el agro y el sector pesquero, los dos rubros resaltan por su potencial de crecimiento en el corto plazo. También nos interesa desarrollar la industria petroquímica”, anotó.

Con relación al canon que recibirán recién en julio por 35 millones de nuevos soles, comentó que gran parte de esos recursos se orientarán a la ampliación y mejora de la infraestructura educativa regional.

«Los programas sociales son considerados de suma importancia para mi gestión. La idea es reducir a mínimos históricos la incidencia de tuberculosis y desnutrición en nuestros habitantes”, expresó.

En otro momento, Rodríguez reveló que en el año 2007 el Gobierno Regional de Moquegua solicitó la ayuda del sector privado para elevar la calidad educativa en nuestra región.

“Esa estrategia fue complementada con la capacitación a los docentes, el programa la mochila escolar, el desarrollo de infraestructura escolar moderna”, señaló.

Con relación al Programa Nacional de Diversificación Productiva, Rodríguez dijo que su principal actividad productiva es la minería. No obstante, la pesca y el agro se perfilan como principales actividades económica en aportar a la economía regional.

“Nuestro potencial de desarrollo es importante. Ello se materializará con la diversificación productiva en el mediano y largo plazo”, refirió.

Dijo que los productos agrícolas con mayor productividad en la región son el olivo, la vid y la palta. “Los volúmenes de producción aún son pequeños, pero nos hemos propuesto ampliar los campos de producción. Para ello, trabajamos con los productores”.

Aseguró que seguirán con la capacitación de los profesores. “Uno de nuestros objetivos para esta gestión es lograr que el 100 por ciento de los colegios de la región cuente con infraestructura adecuada”.

Según el Banco Central de Reserva (BCR) el sector pesca en Moquegua aumentó 4.2% en noviembre del año pasado. Este resultado se explicó principalmente en la mayor extracción de pescados y mariscos para el consumo humano directo (43.2%) en sus líneas de fresco y de congelado.

Entre enero y noviembre de 2014, la actividad pesquera acumuló un avance de 10.2%, resultado del mayor dinamismo de la pesca dirigido al consumo humano directo (32.3%).

Asimismo, detalló que la actividad minera en esta región mostró un aumento de 2% en noviembre pasado, debido a la mayor producción de cobre (2%) y molibdeno (13.4%).

Fuente: Andina

La Defensoría del Pueblo reveló que le ha recordado al Ministerio de Energía y Minas (MEM) la importancia de realizar el proceso de consulta previa en el ámbito minero.

Precisó que, por ejemplo, la comunidad campesina de Cañaris, en Lambayeque, sería una de las zonas donde debería darse este proceso.

“Se trata de una comunidad que forma parte del pueblo indígena quechua, tiene derechos colectivos, como la tierra, y, por lo tanto, está sometida a las reglas que establecen las normas sobre pueblos indígenas, e incluye, entre otros derechos, la consulta previa”, declaró Iván Lanegra, adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría.

Retraso
Lanegra explicó que un primer elemento para que hasta ahora no se haya realizado un proceso de consulta previa en una zona minera andina es el retraso en la publicación de la base de datos de las comunidades campesinas, en particular, las quechuas.

En entrevista con Consultape.com, comentó que se debe tener en cuenta que estas comunidades están ubicadas en las zonas de mayor desarrollo minero, sobre todo “donde está la mayor cantidad de proyectos que pueden ser objeto de exploración, y que, por tanto, son aquellos donde podría haber consultas”.

Procesos judiciales. Lanegra anotó que el Ministerio de Cultura no habría cumplido con su tarea al no haber completado la publicación de la base de datos de pueblos indígenas.

Fuente: Gestión

ECONOMÍA. Después de meses de espera, altos funcionarios del Ejecutivo informaron que confían en que hoy se debata y apruebe en el pleno del Congreso el proyecto de ley 3941 que propone una serie de medidas orientadas a destrabar la ejecución de grandes proyectos en el ámbito minero, energético y de infraestructura.

El proyecto de ley, que fue remitido por el Ejecutivo al Congreso en noviembre del 2014, cuenta con un dictamen favorable de las comisiones de Economía y de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

El proyecto propone agilizar la aprobación de estudios de impacto ambiental (EIA), a través de la creación de una ventanilla única, a cargo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), que permita la obtención de una “certificación ambiental global”. Con esta certificación se obtendría en paralelo al EIA, otras 12 certificaciones y permisos conexos, que antes se tenían que solicitar de manera secuencial y en entidades distintas.

Se propone, asimismo, que las empresas puedan hacer uso compartido de los estudios de línea de base, evitando que se tengan que elaborar nuevos estudios para proyectos relacionados y se otorgan incentivos tributarios para la promoción de proyectos de generación hidroeléctrica que tiene en cartera Pro Inversión, mediante la extensión del plazo para que los proyectos hidroeléctricos puedan beneficiarse de la depreciación acelerada.

Finalmente, se acortan los plazos para expropiaciones y servidumbres, aunque resguardando el derecho de pueblos indígenas y originarios a la consulta previa.

TRAMITOLOGÍA
Obtención de permisos. Podría ahorrarse hasta 4 años en la obtención de permisos ambientales con el proyecto 3941, según el MEF.

Equipo de destrabe. El proyecto de ley fortalece el equipo de seguimiento de inversiones del MEF para proyectos priorizados.

Hidroeléctricas. Existen 2.500 millones de dólares en proyectos hidroeléctricos que podrían verse beneficiados con la ley.

Fuente: El Comercio

HIDROCARBUROS. El presidente del Directorio de PETROPERÚ, Germán Velásquez Salazar, realizó una visita protocolar al Gobernador Regional de Piura, Reynaldo Hilbck Guzmán, donde ambos coincidieron en la necesidad de trabajar de manera conjunta por el desarrollo de la Región Piura.

Velásquez Salazar expresó que, con el Proyecto Modernización de Refinería Talara, “PETROPERÚ se proyecta como empresa moderna y queremos que Talara tenga la misma perspectiva”.

La autoridad regional de Piura dio a conocer que su principal interés es generar condiciones para que en la región se desarrollen mayores inversiones, por ello se requiere trabajar más en carreteras, energía y abastecimiento de agua, señaló. Consideró que, además del turismo en Talara, se debe incentivar la práctica de pesca de altura e industrial, así como la explotación de petróleo, como principales fuentes de economía de la zona.

En ese contexto, el Presidente del Directorio de PETROPERÚ, propuso al gobernante regional realizar un trabajo conjunto: “PETROPERÚ está dispuesta a desarrollar obras en conjunto con el Gobierno Regional para crear las condiciones adecuadas que permitan el desarrollo de Talara”, expresó Velásquez Salazar.

Ante la inquietud de la autoridad regional respecto a los Lotes III y IV, Velásquez Salazar, explicó que PETROPERÚ no entró a esa operación porque lo debe hacer en las condiciones adecuadas y al Directorio de la Empresa le corresponde tomar decisiones responsables.

Dijo también que lo más importante para PETROPERÚ, en lo que se refiere al upstream, está en los lotes 64 y 192, pues el objetivo es maximizar su valor y hacerla internacional.

A finales del mes de marzo, la Compañía Minera Antapaccay inició los procesos para la ejecución de los 159 proyectos sociales aprobados durante talleres participativos con la población de Espinar. Dichos proyectos serán realizados con recursos del 8vo y 9no aporte realizado al Convenio Marco por la compañía minera, monto que asciende a S/. 36 millones, y beneficiarán a las 75 comunidades campesinas de la provincia.

Los primeros proyectos se iniciarán en los próximos meses y consisten en la adquisición de 6 tractores agrícolas para igual número de comunidades campesinas; la entrega de módulos de mallas ganaderas y la ejecución de proyectos de repoblamiento de ganados vacuno y camélidos. La prioridad, según los habitantes de la zona urbana y rural de Espinar, son los proyectos relacionados al sector Agropecuario, Educación y Salud, los que se ejecutarán durante el presente año.

Juan Carlos Eguiluz, encargado del Convenio Marco de Antapaccay, destacó el proceso participativo con los comuneros, a través de talleres participativos, que caracterizó la identificación y priorización de los proyectos por los mismos comuneros. Además, señaló que actualmente están en plena ejecución proyectos del 7mo aporte habiéndose concretado el 85%, quedando pendiente de ejecución aquellos encargados a las anteriores autoridades ediles y se espera que pronto se confirme viabilidad.

Cabe indicar, que desde la suscripción del Convenio Marco, hace más de once años, se ha entregado a Espinar la suma de S/. 206 millones, lo que ha permitido poner al servicio de la población más de 900 proyectos en toda la provincia como contribución al desarrollo sostenible. Los proyectos más importantes hasta el momento son la Planta de Lácteos de Espinar, la Central de Recursos Educativos de Espinar – CREE; la Planta de fibra de alpaca y lana de ovino; mejoramiento de la infraestructura educativa rural y urbana; mecanización agrícolas, repoblamiento de vacunos y camélidos, entre otros.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) precisó que el destino que da a los fondos del Aporte por Regulación (APR) son solo para fiscalización. Aclaró que está prohibido usar lo recaudado por concepto de multa en procedimientos sancionadores a las empresas.

En conversanción con LaRepública.pe, voceros del OEFA informaron sobre el tema una vez más, ante el riesgo que INDECOPI falle a favor de cuatro empresas mineras. El organismo fiscalizador sustenta la legalidad del APR y su importancia para la realización de sus actividades durante el presente año.

EL PROBLEMA

Un grupo de empresas mineras junto a su gremio, la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, argumentan que el APR es una barrera burocrática y sostienen que debería retornarse al pago del arancel minero tal como sucedía hasta el año 2012.

“En tanto que lo presupuestado es de S/. 31 792 839.00 y la suma recaudada en el periodo 2014 ascendería a la suma de S/. 61 599 389 76, esto se excedería en S/. 29 806 550 76 de lo presupuestado”, se lee en la demanda de la SNMPE, donde cuestionan a dónde va el dinero recaudado.

Por otro lado, las cuatro empresas que plantearon la demanda contra la OEFA ante INDECOPI (Minera Pampa de Cobre SA, Mineras Vichaycocha SAC, Sociedad Minera Corona SAC y Minera Caudalosa SA), aducen que el APR es una barrera burocrática que ‘retrasa las inversiones’.

MINERA CORONA

Lo que ha llamado la atención de diversos sectores, vinculados al derecho y a los temas ambientales, es que INDECOPI haya otorgado una medida cautelar a favor de Minera Corona, el último 9 de marzo. En esta medida se ha suspendido el cobro del APR para esta empresa. No han aportado enero y febrero de este año’.

Cabe recordar, que el Poder Judicial declaró improcedente dos demandas planteadas contra esta contribución. Además, existen cuatro leyes aprobadas por el Congreso de la República en las que se sustenta la legalidad de la misma.

“Nosotros esperamos que INDECOPI falle el 14 de abril con respeto a la ley. Tiene la oportunidad de enmendar y corregir el error cometido por la primera instancia”, indicaron los voceros.

Por su lado, el presidente de la OEFA, Hugo Gómez, ya señaló en más de una oportunidad que de fallar INDECOPI en contra del organismo que preside, se afectará seriamente su capacidad de fiscalización al disminuir los recursos que se requieren para realizar sus actividades.

POBLACIÓN PREOCUPADA

Gómez ha declarado que uno de los objetivos del organismo es apoyar la creación de condiciones para que la inversión no encuentre trabas, basadas en la desconfianza de la población respecto al impacto ambiental que estas actividades puedan generar.

¿EN QUÉ CONSISTE EL APORTE POR REGULACIÓN?

El Aporte Por Regulación (APR) es una contribución que empresas mineras y petroleras deben hacer (según el artículo 10, de la Ley 27332- Ley de Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada), a fin de financiar una función supervisora, sancionadora y fiscalizadora, para realizar una efectiva protección del medio ambiente y la salud de las personas.

Según la Ley 27332, los organismos recaudarán de las empresas y entidades bajo su ámbito, un aporte por regulación, el cual no podrá exceder del 1% del valor de la facturación anual, deducido el Impuesto General a las ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, de las empresas bajo su ámbito.

Y esto se cumple, pues Osinergmin recibe el 0.21%, mientras que el OEFA, el 0.15%, sumado es el 0.36%, no llega ni al 0.5%.

OTRAS EMPRESAS EN CONTRA

Hay más empresas en contra de este cobro del APR, son 32 las que han presentado demandas de amparo. Hasta el momento 10 se han declarado improcedentes.

En este grupo de empresas se encuentra la Minera Yanacocha y la Minera Southern Perú, ambas empresas con cuestionamientos por parte de las poblaciones que circundan sus proyectos y envueltas en conflictos socioambientales que han ocupado las primeras planas en más de una oportunidad.

Fuente: La República

La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, anunció hoy que un equipo técnico llegará a la provincia de Islay, Arequipa, para explicar a la población los beneficios del proyecto minero Tía María y resolver las interrogantes o dudas que se tengan al respecto.

“Si las condiciones de seguridad se dan, un equipo técnico se estaría trasladando el sábado a la propia provincia de Islay en el lugar donde se determine para explicar y conversar con la población. El Gobierno dará las explicaciones cuantas veces sean necesarias”, refirió.

Sostuvo, en ese sentido, que se comenzará a informar a la población que sí está interesada en proyectos de desarrollo en general, tras haberse frustrado la instalación de las mesas de trabajo destinadas a abordar temas de minería y agricultura.

“Lamentablemente no se dejó que se instalen estas mesas de trabajo, sobre minería, energía y ambiente y otra de agricultura, porque la posición de los dirigentes era que sólo dialogarían si se anunciaba que el proyecto ya no iba”, explicó.

Por ello, la titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM) refirió que la intención es instalarlas el próximo martes 14 de abril, no obstante, “adelantarán la información a los pobladores y personas de a pie”.

“Nosotros vamos a agotar todos los medios para dar todas las explicaciones porque sabemos que tenemos la verdad. Nos sentaremos hasta que estén satisfechas todas las interrogantes, dudas o preguntas que se pudieran tener respectos a todos los puntos del proyecto”, añadió en TV Perú.

Reiteró que en ningún momento se tocará el agua del río y, por el contrario, el proyecto tendrá dos etapas en las que se usará aguas residuales y desalinizadas.

Ortiz, igualmente, insistió en que la empresa minera Southern Copper Corporation constituirá un fondo de garantía para cualquier eventualidad o daño que pueda suceder.

“Ojalá hubiera este tipo de cuestionamientos a la minería informal, que no cumple con toda la normatividad vigente, y genera muchos estragos”, puntualizó.

Fuente: Andina

MINERÍA. Iniciado el año 2015 y a pesar del suspenso por la continuación de varios proyectos mineros puestos en cartera se puede ver que, en los dos primeros meses del año, la minería empleó a los 190, 819 personas (61, 605 por mineras y 127,849 por contratistas), según el boletín estadístico del subsector minero elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

La mencionada cifra representa una ligera contracción del 0.60% respecto a similar periodo del 2014, donde se llegó a los 191,974 empleados. Así, se refleja una preocupación por parte de las compañías mineras y las empresas contratistas por mantener el número de trabajadores, a pesar de la volatilidad de los precios y la constante búsqueda por optimizar los costos.

Cabe mencionar, que en el boletín elaborado por el MEM se puede visualizar que la región donde se empleó a más personas es Arequipa (35,023), seguido por Junín (18,313) y La Libertad (18,201). Asimismo, las regiones que menos empleos directos generaron son Loreto con 24 personas, seguido por Amazonas y Lambayeque con 7 cada una.

Por otro lado, la cantidad de accidentes mortales registrados hasta el 25 de marzo del 2015 llegan a ocho, igual al total del similar periodo durante el 2014.

Cabe recordar que el total de accidentes del año pasado fueron 32, ocasionados principalmente por el tránsito y desprendimientos de rocas.

MINERÍA. De acuerdo al boletín estadístico del subsector minero elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), en los dos primeros meses del año, las empresas mineras han invertido US$ 113,954,157 en equipamiento, cifra que representa un incremento del 45% respecto al mismo periodo del año pasado.

Las compañías que más invirtieron en este rubro fueron Antapaccay con US$ 48,714,862 y Sociedad Minera Cerro Verde con US$ 34,312,422.

El informe del MEM señala, además, que otro rubro con un ligero crecimiento en su inversión es el de preparación.

Asimismo, hasta febrero, las firmas mineras han invertido poco más de US$ 1,103 millones en la industria minera en el país, destacando como destino las regiones de Arequipa y Apurímac. Respecto al 2014, Piura es la región que más ha invertido en su minería totalizando US$ 4.8 millones.