El IPE advirtió que la medida retrasaría aún más el desarrollo de proyectos formales en el país.
El gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo, remarcó que la minería ilegal opera sin cumplir estándares ambientales ni trámites, y que su presencia se extiende incluso a zonas donde existen proyectos en desarrollo. Así, casos como Pataya y Las Bambas muestran que esta actividad compite directamente con operaciones formales, mientras que en regiones como Cajamarca y Apurímac las invasiones ilegales han llegado a incendiar campamentos mineros.
¿Reducir tiempo en las concesiones mineras fomenta la minería ilegal?
En ese contexto, una de las exigencias que la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) pide agregar a la ley de minería artesanal y de pequeña escala (Ley MAPE) es reducir el tiempo de operación sobre las concesiones mineras, con la finalidad de poder operar en esas zonas. Sin embargo, esta medida ha sido rechazada por varios especialistas debido a que un proyecto minero necesita mantener una concesión a largo plazo para asegurar inversión y producción.
En esa línea, Gallardo sostuvo que el desarrollo de un proyecto minero en el Perú ya enfrenta una tramitología compleja y plazos prolongados, lo que genera incluso que un proyecto de cobre demore 62 años en desarrollarse, por lo que reducir la vigencia de las concesiones no agiliza los procesos, sino que deja espacios vacíos donde la minería ilegal se instala con facilidad, afectando la seguridad jurídica y el avance de la inversión formal.

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Llamado a un Estado más presente y eficaz
Gallardo planteó que se necesita reforzar la presencia estatal en las zonas de conflicto, implementar mecanismos de desalojo más ágiles y aplicar sanciones efectivas contra los invasores. Además, destacó la importancia de la restitución rápida de concesiones para que los proyectos se concreten, generen empleo, impulsen proveedores locales y contribuyan a la reducción de la pobreza.