Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas.
Exviceministro de Economía agregó que la política energética debe ser más consistente en el logro de los objetivos de política pública sin caer presa de la politización y de intereses particulares y distorsiones que genera.
Todo tiene un costo de oportunidad, incluso en el sector energético. Políticas públicas mal ejecutadas generan ineficiencias económicas. No solo la recaudación fiscal es la afectada, sino también su efecto al atraer inversiones que no queremos y alejar las que sí son necesarias.
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y actual director de Videnza Instituto, señaló que la política de los subsidios cruzados “ya ha llegado a su límite” y que “ya no se le puede recargar más a la tarifa eléctrica”.
“El costo fiscal es grande, no se puede seguir una política ilimitada de subsidiar todo, la masificación del gas natural, los programas de conversión a GNV, la electromovilidad, el hidrógeno verde, la economía es la administración de recursos escasos y no de introducir desincentivos, o distorsiones en el mercado”, refirió en el marco de Perú Energía 2022.
Otros esquemas de subsidios otorgados en el sector energético. Gráfico de Videnza Instituto.
Si bien admitió que tanto la masificación del gas natural y la transición energética son ineludibles, remarcó que “la política energética debe ser más consistente en el logro de los objetivos de política pública sin caer presa de la politización y de intereses particulares y distorsiones que genera”.
“Los subsidios pueden generar comportamientos no deseados”, añadió, y como ejemplo mostró que el Perú, que busca aumentar su porcentaje de energías renovables, subsidia combustibles como el diésel o el GLP a granel pero “gravo los combustibles más limpios”.
“En nuestro país vemos que la reforma que inició hace casi 20 años, con Camisea, fue transformadora, y estamos buscando siempre cómo mejorar la regulación, y no perder el concepto de una buena calidad regulatoria del país, sin eso, puede caer en saco roto”, anotó.
COMPETITIVIDAD
En el marco de Perú Energía 2022, Miguel Castilla señaló que la política energética peruana tiene los elementos deseables: competitividad, acceso, eficiencia y eventualmente la autosuficiencia. Para este investigador, Camisea marcó un antes y un después, desde el 2004, cuando hizo su aparición en el mercado nacional.
“(Camisea) no solamente limpió la matriz energética peruana, sino que su impacto en la energía la hizo mucho más asequible, mucho más barata”, destacó.
En efecto, el sistema energético peruano ha avanzado, es competitivo, es uno que ha transformado el país, su importancia en el desarrollo del sector minero ha sido contrastada: el costo de la energía del Perú es la mitad que el de nuestro vecino chileno, es barata y limpia. Además, subrayó, “somos un país que no tiene apagones como en el pasado”.
RACIONAMIENTO
Ahora bien, manifestó que no se debe perder de vista la confiabilidad del sistema pues su falla también tiene un costo severo.
“La confiabilidad es absolutamente necesaria porque hay un costo cuando hay racionamiento”, remarcó.
En Perú, reveló, el costo de racionamiento es más o menos de US$700 millones de megavatios-hora.
El costo de racionamiento es el costo adicional en que se incurre por no disponer de energía y obtenerlas de fuentes alternativas. En Chile, este costo asciende a US$770 millones. En Colombia, US$440 millones.
“Este es un aspecto central, la confiabilidad tiene un coste significativo de interrumpirse la energía en el país”, finalizó.
Más de S/ 70 millones corresponden a operaciones de interdicción en zonas de extracción, con una ejecución del 37.4%.
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