Congresista Diego Bazán advierte que la exclusión favorece a mafias que financian redes criminales en el país.
El Congreso aprobó la tipificación del delito de criminalidad sistemática en el Código Penal, imponiendo cadena perpetua a quienes usen armas de fuego, municiones o explosivos para cometer secuestro, sicariato, homicidio calificado, extorsión o robo agravado. No obstante, la norma no incluyó a la minería ilegal, pese a su estrecha vinculación con estas actividades ilícitas.
La minería ilegal como motor del crimen organizado
El legislador Diego Bazán (APP) cuestionó que, por presión de algunos grupos parlamentarios, la minería ilegal quedara fuera de la nueva normativa. “Los mineros ilegales son una de las principales fuentes de abastecimiento de explosivos y armas para redes criminales”, señaló a Gestión.
Para Bazán, este vacío representa una ventaja para las mafias mineras, que continúan operando en regiones clave como Madre de Dios, Puno y la Amazonía, donde han consolidado redes de trata, lavado de dinero y deforestación.
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¿Se cedió terreno frente a intereses oscuros?
El congresista admitió que, por razones de consenso, la norma fue aprobada sin la inclusión de la minería ilegal, aunque recalcó que este punto debe corregirse en futuras modificaciones.
“Son consensos que se aceptaron para aprobar la ley, pero lo cierto es que aquí hubo congresistas que defendieron a la minería ilegal”, remarcó.
Una oportunidad perdida para golpear a las mafias
El dictamen aprobado inicialmente se denominaba “terrorismo urbano”, pero fue cambiado por presión política. Para analistas, dejar fuera a la minería ilegal supone debilitar la estrategia contra el crimen organizado, dado que esta actividad financia gran parte de la violencia en regiones mineras.
