Pese a la promesa de cerrar el proceso de formalización minera, el nuevo registro planteado en la Ley MAPE (Renapmat) mantiene los vicios del Reinfo, según alertaron congresistas y gremios durante mesa técnica previa al debate legislativo.
Este martes 3 de junio, la Comisión de Energía y Minas del Congreso debatirá el predictamen de la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), cuyo objetivo es cerrar el ciclo del actual Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), próximo a vencer. La propuesta plantea reemplazarlo por el Registro Nacional de la Pequeña Minería, Minería Artesanal y Minería Tradicional (Renapmat), además de la creación del Sistema Interoperable de Formalización (SIPMMA), una plataforma digital obligatoria para fiscalizar y monitorear estas actividades.
No obstante, gremios como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y varios congresistas han manifestado su preocupación. Aseguran que el Renapmat replica el funcionamiento del Reinfo, permitiendo la migración automática de sus inscritos, siempre que cumplan condiciones como operar en zonas permitidas y tener instrumentos ambientales aprobados. La directora ejecutiva de la SNMPE, Ángela Grossheim, advirtió que se estaría instaurando un nuevo régimen paralelo que vulnera el principio de concesión establecido en la Constitución y debilita la trazabilidad del mineral extraído.
Otro aspecto crítico es la recentralización del proceso de formalización, que pasaría a manos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), excluyendo a los gobiernos regionales. Según los impulsores de la norma, esta medida busca evitar actos de corrupción y compensar la limitada capacidad técnica en algunas regiones. Además, se discutirá la posibilidad de otorgar protección jurídica a los mineros informales inscritos en el nuevo registro, incluso frente a desalojos, lo que ha sido duramente cuestionado por parlamentarios como Ruth Luque y Silvana Robles.
Expertos como el exministro de Energía y Minas Luis Miguel Incháustegui han señalado que el debate legislativo llega en un momento apresurado, sin consenso con asociaciones mineras, y que su aprobación sin un análisis exhaustivo podría limitar el alcance real del proceso de formalización. A pocas semanas del cierre de la legislatura, el Congreso deberá decidir si avanza con una reforma estructural que, para algunos sectores, solo perpetuaría los vacíos del esquema anterior bajo un nuevo nombre.
