Expertos y analistas han advertido la afectación sobre los empleos formales; así como la pérdida de competitividad por parte de las empresas.
Para hoy el Pleno del Congreso debatirá los proyectos de ley 1522, 1726 y 2129.
Dichas iniciativas proponen dejar sin efecto el Decreto Supremo 001-2022-TR, el cual prohíbe la tercerización laboral en el Perú.
De acuerdo con la agenda del Pleno, la Comisión de Trabajo emitió un dictamen en mayoría que recomendó la no aprobación de los proyectos de ley 1522 y 1726.
También se recordó que la Junta de Portavoces, el pasado 7 de julio, logró la exoneración de dictamen de la Comisión de Constitución respecto del Proyecto de Ley 1522, y la ampliación de Agenda.
Impacto en el sector laboral
Diversos analistas y expertos han advertido las consecuencias de prohibir la tercerización laboral en diversos sectores e industrias.
Recientemente, la Confederación de Empresas Comunales cuestionó que el decreto supremo afecta crecimiento del sector.
Incluso, resaltaron que “no se descarta escala de nuevos conflictos sociales en el país”.
también indicaron que la nueva norma de tercerización laboral afectará a más de 15,000 pobladores que trabajan de manera directa e indirecta en empresas creadas en comunidades.
A su turno, el socio líder de servicios laborales de PwC Perú, Percy Alache, sostuvo que la norma tal como está planteada generará diversos impactos.
Uno de ellos es que las empresas podrían perder eficiencia y competitividad; esto porque la tercerización es un modelo que permite estructurar costos, presupuestos, y hacer que las operaciones mineras tengan mayor valor.
Otro efecto es que las empresas contratistas aportan infraestructura, innovación y esto permite que el proyecto tenga mayor valía.
En cuanto a los trabajadores, la pérdida de empleo podría alcanzar los 70,000 puestos de trabajo.
Mientras que Videnza Consultores recalcó que prohibir tercerización en Sedapal generaría un costo adicional de S/ 524 millones por año.
Igualmente, precisó que en Sedapal se registrarían cerca de 7,400 personas que realizan servicios de tercerización.
