La autorización que permitía a Chevron mantener actividades con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) quedó sin efecto el martes 27 de mayo, tras la decisión del gobierno de Donald Trump de no extender la Licencia General 41. Esta habilitación, vigente desde 2022, había permitido a la compañía estadounidense operar en el país sudamericano pese al régimen de sanciones.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), entidad dependiente del Departamento del Tesoro de EE.UU., emitió el pasado 4 de marzo una actualización (Licencia General 41A) que instruía a Chevron cesar sus operaciones en Venezuela antes del 3 de abril de 2025. Aunque se otorgó una prórroga temporal, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó posteriormente que la autorización no sería renovada. La decisión se produjo luego de especulaciones sobre una posible negociación entre ambos gobiernos que implicaba el retorno de migrantes venezolanos a cambio de extender la licencia.
Chevron participaba en consorcios mixtos junto a Pdvsa y era responsable de alrededor del 20% de la producción petrolera venezolana. Con el fin del permiso, la empresa deberá detener completamente sus actividades extractivas y de exportación, limitándose únicamente a labores básicas de mantenimiento para resguardar su infraestructura en el país.
Frente a este escenario, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que continuará con la producción y venta de crudo en los proyectos anteriormente gestionados junto a Chevron, como Petropiar. Se estima que el país mantendrá un rango de producción entre 105.000 y 138.000 barriles diarios de petróleo pesado tipo Hamaca. Parte de ese volumen se refinará localmente y el resto se enviará a destinos internacionales que no incluyan a Estados Unidos. Para suplir la carencia de diluyentes necesarios en la mezcla del crudo, Pdvsa empleará nafta reciclada y suministros del complejo refinador de Paraguaná.
“Creo que la salida de Chevron es un disparo en el pie para EE.UU. porque igual vamos a seguir vendiendo petróleo”, declaró el diputado Nicolás Maduro Guerra, en alusión al impacto de la medida para el país norteamericano.
El gobierno venezolano también ha manifestado su interés en normalizar las relaciones bilaterales. “Queremos tener una buena relación con Estados Unidos que permita que empresas de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, vengan a producir en Venezuela”, señaló Maduro Guerra.
Como parte de las medidas restrictivas adicionales, la administración Trump impuso un arancel del 25% a las naciones que importen crudo venezolano, con el objetivo de mermar aún más las fuentes de ingresos del régimen de Maduro. La salida de Chevron podría agudizar la crisis económica del país. Venezuela enfrenta una inflación anual del 136% y una contracción estimada del 3.5% en su PBI para 2025, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas.
