En RMTV, Pedro Gamio, exviceminsitro de Energía, sostuvo que el Estado debe también investigar y sancionar a los responsables de los derrames en la selva.
El exviceministro de Energía, Pedro Gamio, evaluó las respuestas que han tenido las autoridades frente al derrame de petróleo en Ventanilla.
Cuestionó la carencia en el caso de las multas que se imponen, las cuales no se dirigen al resarcimiento de las personas y/o grupos afectados.
“La omisión que tiene la norma peruana es que no incorpora entre los beneficiados con la multa a los afectados”, afirmó.
“En pocas palabras, la multa no garantiza el resarcimiento hasta donde sea posible del daño producido”, declaró en Rumbo Minero TV.
Tras ello, recomendó que, previa modificación legal, sí la mayor parte de la multa permite resarcir a los afectados, la población sentirá que las cosas funcionan mejor.
¿Menos organismos fiscalizadores?
Pedro Gamio también afirmó que en el Perú se observa una cantidad de entidades orientadas a fiscalizar y que compiten entre sí.
En ese sentido, se enfocó en el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
“Hay un desfase entre la capacidad de sancionar del Osinergmin con OEFA. El Osinergmin no tiene mayor capacidad de sanción a diferencia del OEFA”, señaló.
Agregó que la capacidad de sancionar por el Osinergmin es limitada y no tiene el efecto coercitivo que sí tiene el OEFA.
“La mayor parte de las multas que pone el Osinergmin son judicializadas y en la práctica el Poder Judicial demora tanto que ante los usuarios da la sensación que hay impunidad”, manifestó.
En esa línea, reafirmó que no es común que haya tantas entidades que compitan y que la separación entre una y otra sea una línea gris muy delgada.
Frente ello, consideró que “lo óptimo sería que haya una sola institución y no tres o cuatro” orientadas a la fiscalización y supervisión ambiental.
Derrames en la selva
Por otro lado, enfatizó que el Estado no solo debe imponer su autoridad frente a la Refinería La Pampilla de Repsol; sino también a los que ocurren en la Amazonía.
Así, recordó que según el informe oficial del Osinergmin, en los últimos años se han derramado 10,000 barriles en la Amazonía.
Esto ha ocurrido, principalmente, por el desgaste de costuras en el Oleoducto Norperuano y por sabotaje.
“Estos derrames necesitan señalamientos, investigar a fondo y que funcione el Estado de derecho porque si hay la sensación de impunidad vamos de mal en peor”, puntualizó.
