La segunda audiencia sobre la responsabilidad de Repsol se daría a inicios del 2026.
El Tribunal de Distrito de La Haya celebró hace poco su primera audiencia para determinar la jurisdicción en el caso contra Repsol de Países Bajos (Repsol NL) a raíz del derrame de crudo generado por su filial en el mar de Ventanilla, suscitado a inicios del 2022.
En total son 50,000 víctimas defendidas por la Stichting Environmental and Fundamental Rights (SEFR); y se estima que en seis semanas dicho tribunal emita su decisión para saber si tiene competencia en el caso.
Según SEFR —fundación neerlandesa que representa a los afectados— Repsol NL ejercía un control directo sobre las operaciones de la refinería La Pampilla, por lo que “conocía o debería haber conocido los fallos que causaron el desastre”.
Se estima que hasta 12,000 barriles de crudo se vertieron en el mar de Ventanilla durante la descarga de la nave petrolera Mare Doricum: en total, se afectaron 106 kilómetros de costa, 21 playas y miles de aves, peces y mamíferos marinos murieron.
SEFR recalcó que Repsol atribuyó, en principio, el derrame a un “oleaje anómalo” por la erupción del volcán Hunga Tonga de Tonga pero luego atribuyó la responsabilidad a la nave en cuestión.
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De confirmarse la jurisdicción, la segunda audiencia sobre la responsabilidad de Repsol se daría a inicios del 2026. Tras ello, habría una sentencia al respecto en el mismo año. Calculan que para 2027 se desarrolle la decisión sobre la indemnización de US$ 1,000 millones por daños y perjuicios.
Tom Goodhead, CEO y socio director global de Pogust Goodhead —estudio que colabora en la demanda judicial— sostuvo que la audiencia “marca un hito importante para las comunidades afectadas, y confiamos en que el tribunal afirmará el derecho de las víctimas a reclamar justicia contra Repsol en los Países Bajos“.
“Los daños medioambientales y sociales en Perú continúan y, en muchas zonas, empeoran. La mayoría de las víctimas aún no han recibido una indemnización justa o adecuada”, resaltó.
