A pesar de promesas de inversión y consulta, líderes indígenas denuncian que la nueva ley de Ontario vulnera sus derechos y tratados históricos.
En Ontario, la presentación del Proyecto de Ley 5 ha encendido un nuevo conflicto entre el gobierno provincial y líderes de comunidades indígenas. La legislación, impulsada por el primer ministro Doug Ford bajo el nombre Protect Ontario by Unleashing our Economy Act 2025, busca acelerar la exploración minera y establecer zonas económicas especiales lideradas por las Primeras Naciones. Sin embargo, grupos ambientalistas y representantes indígenas sostienen que esta medida representa una amenaza directa a sus derechos y territorios ancestrales.
Alvin Fiddler, Gran Jefe de la Nación Nishnawbe Aski (NAN), calificó la iniciativa como un “ataque” a las naciones originarias y sus tratados. NAN, que agrupa a 49 comunidades indígenas del norte de Ontario, expresó su rechazo durante una audiencia en Queen’s Park, señalando que el proyecto legal elimina derechos en nombre de la eficiencia administrativa. Organizaciones ambientales han advertido que estas modificaciones podrían debilitar los controles regulatorios sobre el desarrollo en zonas ecológicamente sensibles como el Anillo de Fuego.
Por su parte, Ford ha defendido enérgicamente la ley. “Esta es una oportunidad que ningún gobierno provincial ha brindado antes”, sostuvo, aludiendo a un fondo de 3 mil millones de dólares canadienses para que las comunidades indígenas participen como socios en los proyectos mineros. También anunció C$70 millones para programas de capacitación y C$10 millones en becas para jóvenes indígenas. No obstante, aseguró que si algunas comunidades deciden no sumarse al desarrollo, el gobierno continuará con sus planes sin ellas.
El proyecto también contempla crear zonas económicas especiales donde ciertas normativas podrían ser flexibilizadas. Una de las compañías interesadas es Wyloo Metals, que planea desarrollar su mina de metales para baterías Eagle’s Nest en la región del Anillo de Fuego. Aunque el gobierno ha prometido realizar consultas, los líderes indígenas sostienen que la legislación ignora sus preocupaciones fundamentales, socavando el consentimiento libre, previo e informado, al que tienen derecho por ley y tratados internacionales.
