País intensifica su ofensiva minera con la toma del complejo Loulo-Gounkoto de Barrick.
El gobierno de Mali anunció el fin de semana que ha completado la recuperación de las minas de oro de Yatela y Morila, anteriormente abandonadas por sus operadores extranjeros. Aunque se trata de un avance significativo en los esfuerzos del país por controlar sus recursos naturales, persisten dudas sobre cómo se financiarán las operaciones y se liberará el valor económico de estas reservas sin explotar.
La nacionalización de las minas es parte de una estrategia más amplia impulsada por el gobierno militar, en el poder desde los golpes de Estado de 2020 y 2021. Desde entonces, se ha ejercido presión sobre las compañías mineras extranjeras mediante impuestos más altos, revisión de contratos y un endurecimiento regulatorio, lo que ha provocado un alejamiento de los inversionistas occidentales y un acercamiento creciente a Rusia.
Malí, segundo mayor productor de oro en África con cerca de 65 toneladas anuales, busca aprovechar los altos precios del metal para revitalizar su economía. Sin embargo, la reactivación de minas abandonadas presenta desafíos técnicos y financieros considerables, en un contexto de incertidumbre sobre la gestión y financiación de los nuevos proyectos.
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Posesión estatal
Yatela fue cerrada en 2016 por una sociedad entre AngloGold Ashanti e IAMGOLD, debido a los bajos precios pese a las reservas disponibles. Morila fue abandonada en 2022 por la australiana Firefinch, que heredó pasivos ambientales y financieros tras la retirada de Barrick y AngloGold. Ambas minas serán operadas ahora por la recién creada Sociedad para la Investigación y Explotación de Recursos Minerales de Mali (SEMOS), aunque el gobierno no ha detallado su estructura operativa.
En paralelo, Malí intensifica su ofensiva minera con la toma del complejo Loulo-Gounkoto de Barrick, tras una prolongada disputa fiscal. Esta medida marca una escalada significativa en el esfuerzo del Estado por consolidar el control sobre el sector aurífero, pero plantea interrogantes sobre la capacidad del país para gestionar eficazmente estos activos en el largo plazo.
