El informe de FundaRedes destacó que la mayoría de las operaciones mineras ilegales en el Arco Minero del Orinoco están a cargo de grupos armados.
Más de 1.200 hectáreas de selva virgen en el estado de Bolívar, en el sur de Venezuela, han sido destruidas por operaciones mineras no reguladas y otras actividades ilegales que tienen lugar dentro del llamado Arco Minero del Orinoco.
En un informe reciente, la ONG local FundaRedes denunció la explotación desordenada del Arco y culpó del desastre ambiental al gobierno de Nicolás Maduro.
Según el informe -publicado en Mining.com-, el desastre ambiental es promovido de arriba abajo “para cubrir el déficit de ingresos causado por la crisis del petróleo, el desmantelamiento de industrias básicas y políticas económicas fallidas”.
La Zona Estratégica de Desarrollo Nacional Arco Minero del Río Orinoco fue creada por decreto el 24 de febrero de 2016 y es un área de concesión de 111.843 kilómetros cuadrados para la explotación de oro, diamantes, mineral de hierro, cobre, bauxita y coltán, entre otros recursos.
El Arco es más grande que todo el territorio de Portugal y representa el 12,2% del territorio de Venezuela.
“FundaRedes ha denunciado reiteradamente la tala masiva de árboles, que se realiza en la OMA con el fin de preparar el terreno para la construcción de pistas ilegales, utilizadas para el despegue y aterrizaje de aeronaves involucradas en operaciones de narcotráfico y contrabando de minerales”, precisó el informe.
Impactos de la minería ilegal
Según la ONG, la deforestación está provocando la fragmentación de los ecosistemas y esto, a su vez, está provocando la pérdida de biodiversidad y la contaminación de suelos y aguas.
“El tipo de minería que se está realizando en la región centro-sur del país involucra métodos altamente destructivos como la minería a cielo abierto que utiliza mercurio para separar el oro de otros componentes, destruyendo y contaminando así el suelo capa por capa y contaminando los afluentes. de ríos importantes”, detalló el documento.
Los expertos consultados para el informe también señalaron que el uso de lavadoras a presión también está teniendo un impacto en los suelos, dejándolos completamente estériles y arrasando su biodiversidad de una manera que hace casi imposible que se recuperen naturalmente.
“El Estado es cómplice de la explotación irracional de nuestra riqueza mineral en el Arco Minero del Orinoco y, con ello, ha vulnerado derechos fundamentales como el derecho a la vida, a un medio ambiente sano y sostenible, el derecho al trabajo, a la propiedad, a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, entre otros”, explicó el dossier.
“Asimismo, se evidencia el incumplimiento en la República Bolivariana de Venezuela de la Ley Penal del Medio Ambiente, la cual establece que los actos que atenten contra los recursos naturales y el medio ambiente son considerados delictivos. También se ha violado la Carta Magna al designar las reservas naturales del sur de Venezuela como ‘zonas estratégicas de desarrollo’”, agregó.
Grupos armados ilegales
El informe de FundaRedes destacó que la mayoría de las operaciones mineras ilegales en el Arco Minero del Orinoco están a cargo de grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los llamados ‘sindicatos’, que son pandillas cuyos jefes y miembros son los líderes penitenciarios.
Así, agregó que en muchos casos -afirmó el documento- estas organizaciones operan con la anuencia de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela.
En detalle, la ONG mencionó que las minas de coltán en Parguaza, que forma parte de la cuenca del río Orinoco, son explotadas por el ELN.
Mientras que las minas de diamantes cercanas a las localidades de Guaniamo y San Vicente de Paul son explotadas tanto por el ELN como por las FARC, que también tienen puestos en los parques nacionales cercanos.
“El Arco Minero del Orinoco se ha convertido en la caja de seguridad de los grupos armados irregulares”, indicó.
“Las actividades ilícitas que se desarrollan a través de rutas clandestinas en territorio venezolano contribuyen al financiamiento de grupos terroristas y esto ocurre con el conocimiento y complicidad de las Fuerzas Armadas e instituciones del Estado venezolano”, concluyó el informe.
