En el caso del sector salud, el 46% de las obras públicas del rubro se financiaron con la misma fuente.
Hasta octubre del 2022, el 72% de las obras públicas en educación de los gobiernos regionales se financió con dinero proveniente de canon, sobrecanon y regalías mineras, según el informe «Gobiernos regionales: ¿cómo va el gasto en salud y educación», elaborado por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).
Al desagregar por regiones, el estudio concluye que, en los casos de Puno y el Callao, el 100% de las obras públicas educativas locales fueron financiadas con estos ingresos. Mientras que, en tercer y cuarto lugar se ubicaron Ucayali e Ica, respectivamente.
En la primera región, estos ingresos representaron el 94% del gasto público en educación; y, en la segunda, el 93%. En el caso de Lima, el 76% de las obras públicas educativas se financió con los referidos aportes.
El estudio advierte también que, en la última década, los gobiernos regionales han ejecutado en promedio el 71% de sus presupuestos destinados a proyectos de educación. Esta tasa es mucho menor para el 2022: a octubre, estas entidades solo han ejecutado el 47% de estos presupuestos.
«Esto significa que hay un saldo de S/ 1,304 millones sin ejecutar», indica el documento.
Entre los proyectos con mayor presupuesto a nivel nacional, pero que registran una baja ejecución, destacan el servicio de asistencia técnica sobre el uso de plataformas virtuales en ocho provincias de Piura, que cuenta con S/ 67 millones y solo un avance del 1%; el mejoramiento de la Institución Secundaria Perú Birf, en Puno (S/ 31 millones; 30%) y el mejoramiento de la Institución Guillermo Auza, en Tacna (S/ 27 millones; 27%).
Sector salud
De otro lado, el reporte indica que, hasta octubre, el 46% de las obras públicas en salud de los gobiernos regionales se financió con dinero proveniente del canon, sobrecanon y regalías mineras.
Según el estudio, resaltan los departamentos de Lambayeque, Tacna y la Libertad, donde casi el 100% de sus proyectos públicos en salud fueron financiados con estos ingresos. En la capital, solo el 37% de las obras públicas en salud fue financiado con recursos del canon, sobrecanon y regalías mineras.
En cuanto a la ejecución de los presupuestos destinados a proyectos de salud, en lo que va del año, los gobiernos regionales solo han gastado S/ 2,496, cifra que significa apenas el 34% del monto total.
«Este resultado ubica al sector salud en los últimos lugares en cuanto al desempeño del gasto entre los demás sectores», apunta el reporte.
Algunos de los proyectos más relevantes del sector con baja ejecución son la construcción y equipamiento del nuevo Hospital de Iquitos, que cuenta con S/ 88 millones para ser ejecutados, pero solo registra un avance del 25%.
Asimismo, el mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital Regional de Huánuco (S/ 68 millones; 23% de avance) y el mejoramiento de la capacidad resolutiva y operativa del Hospital Román Egoavil de Villa Rica (S/ 63 millones; 38%).
Diagnóstico y propuestas
El reporte señala que el retraso en la ejecución de proyectos regionales se explica en las bajas capacidades técnico-operativas de las entidades subnacionales; en la alta rotación del personal, que paraliza el desempeño de los proyectos en ejecución; en la existencia de deficiencias en los estudios de preinversión y expedientes técnicos; y en los problemas estructurales que afectan a las regiones, como la conectividad y el acceso y uso de herramientas tecnológicas.
Para revertir esta situación, ComexPerú considera que se debe trabajar en la profesionalización de la gestión de los proyectos en el Estado; en un cambio del enfoque en las oficinas de ConectaMEF, de manera que se permita generar y mejorar las capacidades regionales; y en garantizar la continuidad de los proyectos en desarrollo frente al cambio de autoridades.
«También se deben transparentar los procesos de contratación, a fin de atraer a los mejores perfiles para cada proyecto; mejorar la planificación y priorización del gasto en inversión pública; e impulsar los espacios de concertación entre los gobiernos regionales y locales con el objetivo de planificar inversiones estratégicas con mayor impacto», concluye el reporte.
