La compañía minera, a través de un comunicado, difundido el reciente sábado, informó de un segundo ataque a menos de 24 horas.
Recordemos que el primero ocurrió en horas de la madrugada del viernes 28 de marzo, donde falleció un trabajador que era minero artesanal de Poderosa y cincuenta personas fueron heridas. A esto se sumó que los mineros ilegales destruyeron con dinamita una torre de alta tensión que alimentaba la unidad Santa María.
Sin embargo, el mismo sábado 29, alrededor de las 8 de la noche, un grupo de mineros ilegales coludidos con elementos criminales volvieron a atacar un grupo de mineros informales.
“Producto de esta vil emboscada, dos personas perdieron la vida y otros diez resultaron heridos, tres de ellos con pronóstico reservado”, manifestaron. Según diario Gestión, la noche del domingo 30 de marzo, un herido falleció.
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Falta de accionar por parte del gobierno
Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Poderosa, criticó la falta de accionar firme por parte del gobierno ante la minería ilegal. Indicó que desde hace seis meses no ha existido interdicción contra las bocaminas y plantas ilegales. Agregó que han hecho reiterados pedidos para que la policía entre a las galerías a desalojar a los mineros ilegales y no han obtenido respuesta por parte de la institución.
El ejecutivo indicó que se ha venido avanzando en la construcción de una estación policial en la localidad de Pataz. “Es necesario que el Ministerio del Interior cumpla con los procedimientos administrativos para asegurar la asignación del personal y la puesta en funcionamiento, y es algo que no ha ocurrido hasta ahora”, confesó.
De la Flor sostuvo que también es preocupante el trasiego de mineral de origen ilícito desde Pataz hasta la costa.
