Entidades como la SBS y ADEX también están en contra.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso va a debatir el proyecto de ley 8491 que modifica el artículo 6 de la Ley N.º 16000, que regula la creación del Banco de la Nación, con el objetivo de ampliar sus funciones y fortalecer su rol como agente financiero del Estado.
La iniciativa busca que la entidad financiera tenga facultad para comprar, vender y exportar oro y otros minerales en el mercado interno y externo, ya sea por cuenta propia o por encargo, ajustando los precios según la oferta y demanda del mercado internacional. Es decir, comprar el mineral a la minería artesanal y de pequeña escala. Además, se le otorga la competencia para implementar tecnología y equipos adecuados que faciliten la comercialización de estos recursos, con énfasis en el impulso a la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE).
Sin embargo, el Banco de la Nación envió un informe donde advirtió sobre los riesgos de aprobar el proyecto de ley que propone ampliar las facultades operativas de la entidad para permitirle participar en la compra, venta y exportación de oro y minerales. Según el documento, el Banco no cuenta con experiencia en estas actividades, ya que su labor está orientada a brindar servicios financieros a entidades públicas, instituciones del sistema financiero y trabajadores del sector público, conforme a lo establecido en su Estatuto.
Además, se señaló que habilitarlo para operar en el comercio de minerales podría generar resultados negativos debido a la falta de recursos y conocimientos técnicos, afectando incluso su desempeño actual en la prestación de servicios bancarios. Por estas razones, la Gerencia Legal no recomienda la aprobación de la iniciativa legislativa.
MÁS ALERTAS
El Ministerio de Energía y Minas también consideró la iniciativa como no viable. En tanto, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitió una opinión desfavorable y advirtió que esta iniciativa implica una desviación del objeto institucional del banco, podría afectar su solvencia financiera y pondría en riesgo fondos públicos y de depositantes. Además, señala que la participación del Estado en mercados con oferta privada contraviene el principio de subsidiariedad establecido en la Constitución.
Por su parte, ADEX señaló que existe un alto riesgo de que la compra de oro sin conocer la procedencia de este pueda involucrar metales de origen ilegal e informal, significaría blanquear activos ilegales, con lo cual se estaría incentivando aún más la ilegalidad e informalidad del sector al monetizar el oro.
