Abarca siete criterios entre los que destaca la dinamización de la economía; el nivel de calidad de empleos y salarios; y la infraestructura nacional y local.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) elaboró un documento en el que establece 34 preguntas con las que medirá la Rentabilidad Social, concepto introducido por la gestión del presidente Pedro Castillo, de cada proyecto minero.
Para el Minem, una forma de medir este término será obtener respuestas afirmativas a las interrogantes planteadas.
Según Gestión, el documento fija siete criterios que determinarán si existe o no rentabilidad social en los futuros proyectos del sector, agrupado en la actual cartera con 46 iniciativas y una inversión total por US$ 56,000 millones.
Los criterios son los siguientes: dinamización de la economía; Ingreso Nacional, Balanza Fiscal y Balanza de Pagos; nivel de calidad de empleos y salarios; infraestructura nacional y local; tecnología; distribución del ingreso, estructura de estatus y poder; y ecosistema y cultura.
Economía local
El primer criterio habla de la dinamización de la economía, como efecto del desarrollo del proyecto minero. Aquí se cuestiona si la inversión minera fortalecerá la cadena de empresas locales proveedores de insumos y servicios.
Así, una da las preguntas es si genera capacitación e información para que en un futuro los proveedores locales tengan mejor calidad y participación.
Otro criterio se refiere al impacto directo o indirecto que puede generar la recaudación tributaria minera en la región donde opera. En tal sentido, la expectativa del sector es que el proyecto traiga nuevos flujos de capital de impacto local directo.
Calidad de empleos
En este aspecto se considera que la creación de empleos indirectos, según las vinculaciones que genere un proyecto, puede ser mucho más importantes que los generados directamente, por absorber estos menos mano de obra.
Infraestructura nacional y local
Un cuarto elemento es si la inversión (sea greenfield o no) puede generar mejoras importantes en la infraestructura local; sobre todo en comunicaciones, transporte y servicios básicos, o si por el contrario puede afectar más bien actividades económicas existentes.
Otros
También se incluye el componente tecnológico, por el cual los proyectos deben emplear procesos más limpios, eficientes y prácticos para sus operaciones, así como la incorporación de técnicos locales.
Como sexto criterio figuran los proyectos deberán aplicar una distribución del ingreso que generen de forma que integre a sectores marginados. Estas iniciativas deberán propiciar el respeto al ecosistema y cultura de las zonas donde operen.
