Sapillica (Piura), Condorcanqui (Amazonas), La Pampa (Madre de Dios), Arequipa, Cajamarca, Ayacucho, Ucayali, Loreto, Lambayeque y Cusco. Estas son las principales zonas identificadas por el Ministerio Público donde la minería ilegal avanza de forma alarmante, sin control estatal efectivo, y con riesgo de violencia comparable a lo vivido en Pataz, La Libertad.
“Existen al menos 10 potenciales Pataz. No han tenido la misma visibilidad porque no ha habido masacres, pero enfrentan riesgos similares”, advirtió Frank Robert Almanza Altamirano, fiscal superior y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), a El Comercio.
El caso de Madre de Dios es uno de los más graves: más de 102 mil hectáreas han sido deforestadas por minería ilegal, y solo entre 2021 y septiembre de 2023 se perdieron 23.881 hectáreas en el corredor minero. En enero pasado, se hallaron cinco cadáveres en el “Valle del Castigo”, zona dominada por mafias que brindan “seguridad” a operaciones ilegales.
En Condorcanqui, región Amazonas, la minería ilegal de oro pone en peligro a comunidades nativas awajún. Se estima que a diario salen ilegalmente 100 toneladas de material aurífero hacia Ecuador. “Desde hace dos años, siete comunidades están directamente afectadas en la cuenca del río Cenepa”, señala el fiscal.
Sin embargo, pese a la gravedad del problema, las fiscalías ambientales no cuentan con presupuesto suficiente para intervenir. “No tenemos chalupas ni brújulas, ni linternas, ni bolsas de dormir. Este año no se ha designado presupuesto para las FEMA”, denunció Almanza.
La falta de recursos se agrava con los vacíos legales. El Código Penal peruano, a través del artículo 307-A, solo sanciona la extracción sin autorización, pero deja impune etapas clave como el transporte, almacenamiento, comercialización y exportación del oro ilegal. “Cuando capturas un camión con material ilegal, dicen que la conducta es atípica”, explica.
En lo que va de 2025, las fiscalías ambientales han abierto 702 investigaciones por minería ilegal y delitos conexos. En 2024 fueron 3.048. Pero solo 10 casos corresponden al delito de financiamiento (307-C) y 286 al tráfico de insumos (307-E). El fiscal alerta también que no pueden intervenir en plantas de procesamiento o joyerías donde se “blanquea” el oro, ya que esas actividades no están tipificadas como minería ilegal.
El abogado penalista Augusto Linares, por su parte, advirtió que el sistema de control es débil y politizado. “No puede depender de las DREM. La supervisión debe estar en manos de un órgano autónomo, no de gobiernos regionales que responden a votantes que pueden ser mineros informales”, señala.
Aunque el reciente Decreto Supremo N.º 009-2025-EM obliga a las plantas de beneficio a registrar el origen del oro, la trazabilidad sigue siendo limitada. Además, el Congreso no aprueba una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, mientras que cambios legislativos recientes debilitan aún más la lucha contra el crimen organizado.
“Con la nueva ley, prácticamente nos quitaron la extinción de dominio y elevaron la valla para investigar minería ilegal como crimen organizado. Estamos quedándonos sin herramientas”, concluyó Almanza.
