MINERÍA. Defensoría del Pueblo registró 212 conflictos sociales durante octubre. La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de conflictos sociales N° 152,correspondiente al mes de octubre de 2016. Entre otros aspectos, se informa que han sido registrados 212 conflictos sociales (154 activos y 58 latentes). Respecto al mes anterior, se incorporaron seis casos nuevos, se reactivaron tres (dos de los cuales habían sido dados por resueltos en 2014), uno pasó de estado activo a latente y tres fueron trasladados al registro de casos en observación.
Así, los casos nuevos se presentaron en Cusco, La Libertad, Lima Provincias (todos socioambientales) y Madre de Dios (otros asuntos). En esta última región, alumnos y docentes de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (Unamad) reclaman el cese del rector, señalando que cumplió la edad máxima permitida por la ley universitaria para ejercer el cargo y que debe efectuarse una auditoría a su gestión. Así lo informó Inforegión.
En La Libertad, la población de la comunidad campesina Alpamarca denunció el presunto derrame de relave de la unidad minera Parcoy Número 1, del Consocio Minero Horizonte S. A., y la afectación de la laguna Pias. En Huaral, Lima, la comunidad campesina San José de Baños exige a la compañía minera Chungar S.A.C. (subsidiaria de la empresa Volcan) la renegociación de tres convenios marco suscritos en el año 2011, debido a un presunto incumplimiento de los compromisos asumidos en ellos.
En Cusco se presentaron tres casos. El primero, en la provincia de Chumbivilcas, está relacionado con el proyecto Las Bambas. El alcalde provincial, los alcaldes distritales y los dirigentes de la sociedad civil solicitan al Estado y a la empresa minera MMG Las Bambas, se dialogue sobre modificaciones al estudio de impacto ambiental del proyecto minero, el asfaltado de la carretera Yauri-Velille-Ccapacmarca-Chalhuahuacho, y la suscripción de un convenio marco entre la empresa MMG y la provincia de Chumbivilcas. Esto como parte de un plan de responsabilidad social y ambiental.
Los otros dos casos se registraron en la provincia de La Convención. La población de la comunidad nativa Nuevo Mundo, del pueblo indígena matsigenka, exige a la empresa Repsol Exploración Perú S. A. que inicie un proceso de negociación en el que se discuta la formulación de contratos de alquiler de los terrenos, donde se pretende construir una planta de compresión como parte del proyecto de hidrocarburos que se desarrolla en el Lote 57. En el último caso, la población del distrito de Chamaca exige a la empresa Hudbay el cumplimiento de algunos acuerdos asumidos en el año 2011.
Respecto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Apurímac continúa con la mayor cantidad de casos (24 casos), seguido de Áncash (23) y Cusco (19). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales son los más numerosos (70,3 %). De estos, el sector minero registra el 65,1 %.
En relación a la violencia en los conflictos, se reportaron cuatro personas fallecidas: una en el caso Alpamarca-Horizonte (Pataz-La Libertad), una en Las Bambas (Apurímac) y dos en Curimaná (Ucayali). Se registraron 68 heridos: 18 fueron del caso de Pataz, 48 de Curimaná y dos de Las Bambas.
Finalmente, durante el mes de octubre se registraron 103 acciones colectivas de protesta, de las cuales el 4,9% corresponde a conflictos sociales.
(BQO)
